El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital sigue este martes con las audiencias de alegatos en el juicio oral que se lleva adelante en la causa n° 857/07, "Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho", en la que se investiga el presunto pago de sobornos en el ámbito del Senado de la Nación, durante abril de 2000, para lograr la aprobación de la ley 25.250.
Los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez escuchan la exposición del representante del Ministerio Público Fiscal.
En la causa están siendo juzgados Fernando De la Rúa, Fernando de Santibañes, Mario Pontaquarto, Augusto Alasino, Mario Alberto Flamarique, Ricardo Alberto Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo. Todos están acusados por el delito de cohecho.
Cabe recordar que la Oficina Anticorrupción, que actúa en la causa como parte querellante, había solicitado la pena de seis años y medio de prisión para De la Rúa y de Santibañes; cinco años y medio de prisión para los exsenadores Alasino, Tell y Costanzo y un año de prisión en suspenso para Pontaquarto. En tanto que pidió la absolución de Branda y Flamarique.
También se encuentra imputado Emilio Marcelo Cantarero, pero en su caso el proceso se encuentra suspendido por cuestiones de salud.
La génesis de una coima
José Ipohorski, representante de la querellante OA, reconstruyó los hechos ocurridos en abril de 2000. Se basó, en primer lugar, en los dichos de los involucrados ante el periodismo y la declaración judicial del ex secretario del Senado, Mario Pontaquarto. Su testimonio “resulta creíble”, dijo Ipohorski. “A pesar de que los acusados y sus defensas intentaron deslegitimarlo por corrupto y traidor, no deja de ser un testigo”, señaló.
El abogado citó jurisprudencia nacional y extranjera para avalar el reconocimiento del testimonio de un arrepentido. “Él reconoció su participación en el hecho y tampoco hubo una mejoría en su situación a partir de su declaración, sino todo lo contrario”, dijo. Pero aclaró: “Esto no coloca a Pontaquarto en un lugar de elogio, no. Es un corrupto y debe ser sometido a juicio”.
Para comprender el asunto de las coimas, hay que hacer referencia a la Reforma de la Ley Laboral. “Era un objetivo para el gobierno de De la Rúa”, explicó Ipohorski. “Entonces se concibió una operación ilícita para lograr ese objetivo”. El proyecto tuvo media sanción de Diputados, a pesar del voto negativo de los diputados justicialistas. El radicalismo apuntó hacia los senadores justicialistas, imprescindibles para aprobar la ley.
Visto el fracaso de la negociación política, desde las más altas esferas gubernamentales se concibió la operación ilícita llevada adelante por De Santibañes y Genoud, se repartieron las tareas y el brazo ejecutor fue Pontaquarto", agregó en relación al ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto, el "arrepentido" del caso que también es juzgado.
En cuanto a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, en el alegato se recordó que se venían sus mandatos en 2001. Tenían que ver por sus carreras políticas, que estaban llegando a su fin y cualquier cosa era necesaria para blindarse económicamente ante la falta de un futuro político" y por eso "hicieron lo que hicieron".
Se decidió entonces coimear a esos cuatro senadores, en una reunión que tuvo lugar, según los dichos de Pontaquarto, en la Casa Rosada. La OA dio por probado que existió una reunión en la Casa de Gobierno el 30 de marzo de 2000 al mediodía con el titular de la bancada del PJ Alasino, el senador Tell y Genoud con presencia de Pontaquarto para "obtener garantías del propio Presidente de la Nación". "De la Rúa estaba al tanto del plan en curso y lo avaló, esta reunión destrabó el pago de los sobornos a los conductores de los bloques del PJ", señaló la OA.
La sentencia, a fin de año
En el alegato se dio por comprobado que el dinero se retiró de una cuenta bancaria de la SIDE en el Banco Nación en abril de 2000 y estuvo guardado una semana en la casa de Pontaquarto al posponerse la sesión donde iba a tratarse la ley. El día de la sesión los senadores "fueron puestos en conocimiento de la versión final del proyecto a último momento y solo cuatro votaron en contra y el resto a favor por disciplina partidaria o contribución a la gobernabilidad", recordó la OA que se dijo en ese momento.
El abogado de Pontaquarto, Juan Manuel Alemán, dijo que los alegatos culminarán a mediados de noviembre y que la sentencia estará antes de fin de año. Sobre los rumores que corren por los pasillos judiciales acerca de posibles absoluciones, confió que “pese a que el juicio se postergó y se negaron testimonios, hay pruebas suficientes para que el Tribunal se expida con condenas fuertes”.
Sin embargo, el abogado reconoció que el Tribunal rechazó un testimonio clave: el de la única persona que admitió ver la valija con el dinero para los pagos. Esa persona fue, ni más ni menos, Silvana Costalonga, ex esposa del arrepentido. Tanto para la defensa de Pontaquarto como para la fiscalía se negó una "prueba esencial": la mujer fue la única que dijo haber visto el dinero cuando Pontaquarto trasladó la valija desde el Senado a un hotel, y luego hacia su domicilio.