Los empresarios que ofrecieron una coima de 20 millones de dólares para frenar un proyecto legislativo, que le daba carácter remunerativo a los tickets canasta, querían salvar a su gallina de los huevos de oro. La propuesta de integrar los bonos de alimentos al salario liquidaba, en los hechos, un negocio por el cual ganaban 125 millones de dólares anuales en 2007. Los campeones de ese juego eran las empresas que emitían los tickets, luego seguían los empresarios que utilizaban estos vales para completar el salario y se ahorraban el pago de impuestos. Los únicos perdedores eran los trabajadores y el Estado, que iba aceptando el desfinanciamiento del sistema jubilatorio.

El sistema de vales cayó a fines de 2007. Poco antes de que el Congreso lo eliminara, los empresarios Santiago Lynch y Miguel Guido Spano, de la firma Accor, le ofrecieron a Mariano Recalde –que era asesor de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja- una coima de 20 millones de dólares, pagadera en cuotas, para “cajonear” el proyecto de su padre, el abogado laboralista Héctor Recalde, que era titular de esa comisión legislativa. El caso comenzó a ser juzgado ayer ante el Tribunal Oral Federal 2.