El Gobierno nacional dispuso hoy la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, prevista para el próximo 1 de marzo, y transfirió las escuchas judiciales del ámbito de la Procuración General a la Corte Suprema, a través de dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), publicados en el Boletín Oficial.

El decreto 257/2015 establece que el nuevo Código "entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación" de esa norma, que está bajo la órbita del Congreso nacional, "previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación". Según los considerandos, "la implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia".