El evento tuvo lugar en la sede central del Colegio Público, sita en Av. Corrientes 1441. De ella participaron el Presidente de la institución Dr. Jorge Rizzo; el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak; el Ministro de Educación, Alberto Sileoni; y representantes de los ministros de Salud, Trabajo, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores.
La conclusión general de las Jornadas fue muy parecida a lo resuelto recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Arriola, Sebastián y otros s/ causa N° 9080 (A 891 XLIV). Se dio a conocer una reforma integral de la Ley de Estupefacientes -Ley N° 23.737- que se encuentra desarrollando el Gobierno Nacional, junto a las reformas en materia de asistencia, inclusión, internaciones y control de medicamentos.
Como así también las políticas públicas que se implementarán en materia de lavado de dinero y bienes incautados. Todo ello en el marco de una coyuntura regional tendiente a la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Para Mónica Cuñarro -Coordinadora del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes- "El trabajo presentado se erige como piedra angular de un necesario cambio en la política criminal".
Asimismo, en el libro presentado por el Comité, la Dra. Cuñarro señala que en el año 1986, con la vuelta de la democracia después de más de 7 años, se forjó en la sociedad una necesidad de respeto por las garantías personales, particularmente, por el derecho constitucional a la autonomía personal. Empero, -señala- a finales de la misma década, desde la Organización de las Naciones Unidas se exhortó a los Estados a adecuar sus legislaciones locales para asimilarlas con la práctica de los Estados Unidos de Norteamérica.
Según el libro, ello acarreó como consecuencia directa la modificación legislativa de, por lo menos, toda la región de América Central y del Sur, introduciendo una normativa claramente represiva y violatoria de sendos principios constitucionales: la sanción de la ley 20.771 (y posteriormente la ley 23.737) en Argentina se enmarca en un proceso global de represión y "lucha contra la droga", en el marco de una expansión punitiva y políticas pretendidamente de seguridad, caracterizadas por la mano dura y la tolerancia 0.
La inauguración de la Jornada estuvo a cargo del presidente del Colegio Público de Abogados, Dr. Jorge Rizzo que luego de dar la bienvenida, cedió la palabra al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, quien expresó que "La importación de soluciones políticas y reformas legales sin atender a las diversas culturas y regiones constituye una flagrante violación a los derechos políticos y culturales de nuestros pueblos".
Asimismo señaló que "el problema sanitario ha adquirido niveles sin antecedentes, la inversión en salud no ha sido equiparada a la destinada a políticas represivas, como si ambos temas no fueran caras de la misma moneda. Advertimos recién en las últimas décadas, en todo el continente, y como producto de haber depositado el tema en manos de la represión, un crecimiento de la cocaína altamente contaminada, el burako, el paco o el crack en diversos países, combinados con enfermedades mentales que carecen de inversiones urgentes para su tratamiento".
Alak advirtió que "el problema del consumo indiscriminado de psicotrópicos y de alcohol, nos obliga a instrumentar políticas que incrementen los controles estatales y dificulten el acceso de los jóvenes y niños a estas sustancias. Advertimos también que jóvenes usuarios no adictos sostienen un consumo de sustancias como parte de usos y costumbres. De esta manera asumen erróneamente que sin abuso no hay daño. Por eso la información y educación son claves en el desarrollo humano de los niños. Así lo establece el fallo de la Corte".
Además, señaló el Ministro que "la solución de un problema socio-sanitario por medio de la aplicación del derecho penal, no sólo debe tener carácter subsidiario, sino que sólo puede intervenir cuando otros medios como el control estatal, la prevención, la educación, el tratamiento, la inclusión y la familia han fracasado. Identificar y simplificar el tema limitándolo a un problema de jóvenes, marginados y delincuentes bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados en los cuales se vuelven más vulnerables a la acción del crimen organizado".
"Por eso debemos romper el tabú, debemos respetar los derechos del consumidor y reconocer el fracaso de las políticas vigentes en la región. Debemos en definitiva discutir un nuevo paradigma de políticas más seguras, humanistas y eficientes. Porque la mejor política de seguridad es la prevención. En este sentido representa un gran avance el aporte del Comité, el fallo de la Corte y los proyectos de reforma a la ley de internaciones, de control del mercado de medicamentos, de bienes incautados, la reforma de la ley de precursores químicos y la coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y provinciales. El desafío pasa por retomar y mejorar el conocimiento por parte del Estado", según palabras de Alak.
Por último en este terreno propuso cuatro líneas de acción. Primero, intercambio y clasificación de información inteligente entre jueces y policías. Segundo, mejoramiento de mecanismos que prevengan la corrupción de funcionarios estatales, de las fuerzas de seguridad y de las estructuras judiciales. Tercero, penas y leyes que permitan agilizar la incautación de bienes. Y cuarto, un protocolo regional para la lucha contra las actividades criminales.
Por su parte, el Ministro de Educación de la Nación, Prof. Alberto Sileoni, luego de señalar que se sumaba a lo dicho por los colegas que lo habían precedido en la palabra, advirtió que "no es que estemos menos preocupados, es que queremos encarar el problema por otro camino". Por eso recordó que los jóvenes aprenden más de las acciones que de las palabras, y exhortó a las familias a ayudar en la prevención, dando el ejemplo.
