En su segunda incursión en Pinto (estuvo el 1º de julio), el juez de Instrucción Nº 7, Juan Andrés Donnola, logró resultados positivos para el esclarecimiento de la causa.
   Apenas llegó, tomó al menos cuatro declaraciones informativas a personas que brindaron elementos vinculados a la supuesta red articulada para facilitar la entrega de niños cuyas madres, en situación de vulnerabilidad social, son convencidas de los beneficios de dar a sus hijos a familias adoptivas.
   El caso que intenta esclarecer el magistrado rosarino se hizo público a fines de abril, cuando anónimamente se denunciaron en Tribunales las irregularidades en la entrega del hijo de Liz Anahí Benítez, de 30 años. La joven fue captada en su pueblo y trasladada a Rosario para dar a luz en el Hospital Provincial. Mediante la participación de dos abogados, entregó al niño a un matrimonio en un confuso trámite judicial.

En la mira. Junto al fiscal Eduardo Valdez Tietjen y el apoyo de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Unidad Regional II de la policía de Santa Fe, desde el lunes se trabajó en Santiago del Estero en la recopilación de testimonios de personas que coincidentemente mencionaron a los mismos involucrados en las maniobras.
   Una de las diligencias condujo hasta la vivienda particular de un ex policía que supo desempeñarse hasta hace dos años como jefe del único destacamento policial de Pinto.
   En el lugar, donde también vive una mujer mencionada por varios testigos, se secuestraron tres agendas con direcciones, nombres y números telefónicos.
   De acuerdo a la documental reunida, los investigadores tienen sospechas de que en ese domicilio se armaba la estructura y se concretaban reuniones para captar vientres destinados a Rosario.
   Se logró dar con el policía luego de múltiples declaraciones que lo sindican con algún grado de participación en la asociación ilícita que investiga Donnola, quien en los próximos días analizará la documentación y avanzaría en nuevas imputaciones.
   Cuando se inició la investigación, el 5 de junio pasado, se detuvo al ex policía Jorge Peralta, cuya tarea era reclutar mujeres embarazadas en provincias del norte. Cinco días más tarde también quedaron detenidas las hermanas Graciela y Marisa Velázquez, de 53 y 48 años, que se habrían encargado de recibir a Benítez, sacarla junto a su hijo del hospital y luego entregar al niño.
   También están imputados los abogados Mariano Darío Roldán y María Evelina Bousoño Simili. En el marco de la investigación, Benítez también fue trasladada a Rosario para brindar su versión de los hechos y también lo hizo Jorge Arnaldo Herrera, su pareja y padre biológico del niño. l