Por Javier Felcaro

El directorio del Colegio de Abogados de Rosario resolvió ayer elevar a su tribunal de ética un pedido para suspender el ejercicio de la matrícula del ex teniente coronel del Ejército y actual letrado Juan Daniel Amelong, hasta tanto concluya el proceso por el que se le imputan gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Pasado el mediodía, los miembros del directorio del colegio, que preside Mario Holand, comenzaron a evaluar la situación del arrestado Amelong, quien el lunes pasado fue procesado -con prisión preventiva- por el juez federal Omar Digerónimo por una veintena de secuestros seguidos de torturas y crímenes de lesa humanidad.

La resolución del magistrado se enmarcó en la causa que investiga el funcionamiento del centro clandestino de detención Quinta de Funes. Además, le trabó al represor un embargo de 4 millones de pesos.

“En base al fallo y a la luz del estatuto se propuso girar las actuaciones al tribunal (que integran doce jueces, divididos en tres salas), impulsando la urgente suspensión de la matrícula (de Amelong) por un lapso de seis meses, renovable hasta que se termine el proceso”, le explicó a La Capital el abogado Vildor Garavelli.

El letrado, vocal del directorio y reconocido defensor de los derechos humanos, destacó que existe la posibilidad de que al represor se le retire la matrícula en caso de ser condenado por la Justicia, según estipula el artículo 20 del estatuto, que alude a las sanciones disciplinarias imponibles a los abogados.

“El pleno del tribunal, cuyos integrantes son elegidos por los propios matriculados, puede suspenderlo (a Amelong)”, insistió Garavelli, quien recordó que el organismo, si bien pertenece al Colegio, tiene autonomía.

Distinta parece ser la suerte del detenido Carlos Sfulcini o Carlos Bianchi, procesado por Digerónimo en la misma causa y con un embargo de 3 millones. También se le imputa privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real con el delito de tormentos y homicidio.

Según los datos que maneja Garavelli, el abogado que prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 121 en los años de plomo “no está con su matrícula vigente, por lo que no se puede actuar en su contra”.

Días atrás, el Ministerio de Educación de Santa Fe había separado a Sfulcini de su cargo de director de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº1.284 por acumular faltas injustificadas. La orden fue acompañada con la apertura de un sumario administrativo que dejó al filo de la cesantía al también profesor de Historia del Derecho en una universidad privada.

Fuente:www.lacapital.com.ar