Ultimo paso con consenso suficiente: la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados emitió ayer el dictamen con el pedido de enjuiciamiento político al ministro de la Corte Suprema Adolfo Vázquez, para quien también se solicita la suspensión en sus funciones hasta la finalización del juicio.

Es una decisión política aceptada por los miembros de la comisión que pasarán varios meses hasta que el dictamen se trate en el plenario de la Cámara.

La explicación casi oficial de esta postergación refiere a la inconveniencia que implicaría que el Senado —una vez aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados— tuviera que abocarse al juicio político de Vázquez mientras está en pleno desarrollo el de su colega Eduardo Moliné O’Connor, el juez de la Corte que está suspendido en su cargo.

En función de esta explicación, si se tiene en cuenta que es posible que el juicio a Moliné no tenga definición del Senado hasta marzo próximo, recién para esas fechas se trataría en Diputados el dictamen de acusación contra Vázquez.

Pero la postergación del tratamiento de la acusación contra Vázquez tiene otra razón poderosa. En los últimos tiempos creció dentro del bloque del PJ la resistencia a continuar la estrategia de renovación de la Corte, que impulsa el presidente Néstor Kirchner, centrada en el cuestionamiento a los integrantes de la denominada “mayoría automática menemista” del máximo tribunal, que apoyó al menemismo durante sus años de gobierno.

Con ese eje, ya se produjeron las renuncias de Julio Nazareno y de Guillermo López, forzadas por los cargos presentados contra ellos por la comisión de Juicio Político, además del enjuiciamiento de Moliné.

Diputados menemistas y duhaldistas preferirían ahora apuntar a ministros de la Corte ligados a otros sectores políticos, como Augusto Belluscio, considerado próximo a los radicales. Un planteo que puede frenar la ofensiva renovadora y que hace menos previsible la fecha de tratamiento del dictamen contra Vázquez.

Ese dictamen presenta un total de 15 cargos contra el juez, relacionados con las causas sobre las empresas Meller y Macri, y con las sanciones de la Corte a los jueces Héctor Magariños y Haydée Dragonetti de Román.

Fuente:www.clarin.com.ar