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Caso Bailaque: la Justicia Federal de Rosario unificó las tres causas contra el exjuez en un solo juicio oral

La Cámara Federal de Rosario resolvió que las tres causas penales contra el exjuez Marcelo Bailaque sean tratadas en un único juicio oral. Además, prorrogó su prisión preventiva bajo arresto domiciliario. La Fiscalía había solicitado una pena de 10 años de prisión por distintos delitos vinculados con presuntos hechos de corrupción judicial.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió unificar en un único juicio oral las tres causas penales que involucran al exjuez federal Marcelo Martín Bailaque. La decisión, conocida el viernes 13 de noviembre de 2026, representa un avance procesal significativo en una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión institucional de los últimos años en Rosario.¹

La resolución fue adoptada por los camaristas Aníbal Pineda y Elida Vidal, quienes también dispusieron prorrogar por seis meses, o hasta el comienzo del debate oral, la prisión preventiva del exmagistrado, que continúa bajo la modalidad de arresto domiciliario.¹

La decisión respondió a un pedido formulado por representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes habían solicitado que las distintas acusaciones fueran examinadas conjuntamente debido a las conexiones entre los hechos investigados.²

Por qué la Justicia decidió unificar las causas

La Cámara Federal consideró que las tres investigaciones presentan elementos de conexión tanto por las personas involucradas como por las conductas investigadas.

Los expedientes habían sido declarados conexos en noviembre de 2024 y las acusaciones fueron formalizadas conjuntamente.

Según los fundamentos de la decisión difundidos públicamente, la realización de juicios separados podría afectar la celeridad del proceso y generar el riesgo de resoluciones contradictorias.¹

La unificación permitirá que un mismo tribunal examine las acusaciones en un debate oral conjunto, sin que ello implique que los distintos hechos pierdan su individualidad ni que se anticipe una decisión sobre la responsabilidad penal de los acusados.

Las acusaciones contra Marcelo Bailaque

En febrero de 2026, el Ministerio Público Fiscal presentó tres acusaciones contra el exmagistrado por presuntos delitos cometidos durante su desempeño como titular del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario.²

Las investigaciones fueron impulsadas por fiscales de la Unidad Fiscal Rosario y representantes de organismos especializados, entre ellos la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Entre los delitos atribuidos al exjuez se encuentran:

  • Prevaricato.
  • Abuso de autoridad.
  • Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
  • Extorsión.
  • Recepción de dádivas.
  • Lavado de activos.
  • Allanamiento ilegal.
  • Falsedad ideológica de documento público.

De acuerdo con la acusación fiscal de mayor entidad, se estimó un pedido de 10 años de prisión, además de penas de inhabilitación y multas.²

Se trata de imputaciones que deberán ser examinadas durante el proceso judicial, con pleno respeto de las garantías constitucionales y del principio de presunción de inocencia.

Tres investigaciones de relevancia institucional

Las acusaciones comprenden distintas actuaciones atribuidas a Bailaque durante el ejercicio de sus funciones judiciales.

Presuntas maniobras de extorsión y lavado de activos

Una de las investigaciones se relaciona con una presunta maniobra de extorsión contra empresarios, en la que también aparecen involucrados el empresario Fernando Whpei, el escribano Santiago Busaniche y el exfuncionario Carlos Vaudagna.

Según la hipótesis fiscal, se habrían utilizado actuaciones judiciales y fiscales para perjudicar a empresarios y exigir dinero a cambio de evitar consecuencias en determinados expedientes.²

La investigación también comprende presuntas operaciones patrimoniales que, según la acusación, habrían servido para incorporar fondos de origen ilícito al circuito económico

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