El juez rosarino Juan Andrés Dónnola aseguró hoy que logró avances de entre un "85 o 90 por ciento" en la causa que investiga adopciones ilegales en nuestra ciudad de niños de madres oriundas de Santiago del Estero, donde hoy encabezó operativos en la localidad de Pinto.

El juez de Instrucción, que inició en abril una investigación tras irregularidades detectadas en el nacimiento de una beba cuya madre había sido llevada desde Santiago a un hospital de Rosario, recordó que en la causa "ya hay tres detenidos, pero estoy en un 85 por ciento, casi 90 de la investigación".

El magistrado dijo que los nuevos operativos en busca de mayores precisiones sobre la actuación de la organización se centralizaba en la localidad de "Pinto, a 90 kilómetros de Añatuya", de donde es oriunda una de las madres.

"Hemos mandado tres exhortos al juez Alvaro Mansilla y a personal de las fuerzas de Operaciones Especiales que trabajan en el caso", remarcó. Dónnola destacó la participación de las tropas especiales de la policía de Santa Fe en el caso porque, dijo, "con una repartición local, una comisaría, era muy limitada la actuación que podíamos tener".

Fuentes de la comisaría 17ª de Pinto confirmaron que Dónnola llegó hoy a esa localidad acompañado por una comitiva judicial y policial, y destacaron que de inmediato se abocaron a distintas medidas, de las cuales no dieron detalles.

Dónnola llegó a Santiago del Estero junto al fiscal Eduardo Valdez Tietjen, la secretaria judicial Viviana Flores Calera y otros funcionarios para tomar declaración a personas vinculadas a la joven de 30 años que el 6 de abril dio a luz en el hospital Provincial de Rosario.

La comitiva, según fuentes judiciales santafesinas, tenía previsto en principio escuchar el testimonio de cinco personas y realizar posiblemente dos allanamientos. Por eso, los voceros estimaron que las nuevas acciones en la investigación pueden mantener al juez Dónnola durante dos días en el sudeste de Santiago del Estero, en cercanías de Santa Fe.

La causa que investiga el juez mantiene a tres personas detenidas y ocho imputadas por "tentativa de estafa procesal, supresión del estado civil y falsificación ideológica en instrumento público".

El juez ya había viajado hace un mes a la localidad santiagueña de Pinto para profundizar la información en torno a la mujer que dio a luz en Rosario y los contactos de la organización que la trasladó para el parto. La mujer había asegurado al juez que no recibió dinero de la organización ni de la pareja que intentó adoptar a su hijo.

El magistrado aclaró, al inicio de la investigación, que en este caso no se analiza un posible tráfico de bebés, sino una estafa para concretar una adopción ilegal por lo que reclamó "controles severos" de los nacimientos y alta médica a mujeres que dieran a luz en los hospitales públicos.