La Suprema Corte de Justicia uruguaya condenó a la embajada argentina en dicho país a abonar una importante suma de dinero en concepto de deudas laborales y a la actualización de salarios de funcionarios consulares.

Entre los rubros a indemnizar se encuentran reajustes de salarios, pago de horas extras de varios años retroactivos, beneficios por reliquidación de aguinaldo, licencias y pagos por vacaciones, e incluso daños y perjuicios.

Los magistrados uruguayos rechazaron un planteo del embajador argentino Hernán Patiño Mayer, que solicitó que no se contemplara el reclamo de los funcionarios, ya que no aportó "elementos acreditantes de la argumentación".

El caso es muy especial por la extensión del proceso, la cantidad de funcionarios involucrados y la magnitud del costo para el Estado argentino.

El fallo beneficia a varios funcionarios consulares entre los que hay argentinos y uruguayos, informó el diario La Nación. El problema se originó en julio de 1998, cuando el consulado argentino dispuso un aumento de media hora en el horario de trabajo sin variación de sueldo, lo que fue considerado "una doble arbitrariedad", porque aumentó "la carga horaria diaria" y fue "una rebaja unilateral de los salarios".

En julio de 2002, con aval de la Cancillería, la Argentina realizó una rebaja de salarios de funcionarios públicos, lo que abarcó a los del consulado en Montevideo. Los funcionarios sostuvieron que dada "la profunda crisis económica que afectó a la región" y por "la amenaza real" de que "de no aceptar" la rebaja "se produciría el despido", los trabajadores "aceptaron momentáneamente" esa medida, pero luego pidieron volver a su sueldo habitual.

En 2005, el gobierno de Tabaré Vázquez reimplantó los Consejos de Salarios para negociaciones tripartitas (trabajadores, patrones y Estado) sobre mínimos de sueldos y ajustes periódicos. Como la Argentina incumplió esta medida, se generó otra deuda que derivó en la sentencia mencionada.