Con la misma expresión indiferente que lució en las cinco semanas de juicio, María Julia Alsogaray escuchó ayer la condena que le impusieron por haberse enriquecido ilícitamente: 3 años de prisión y el decomiso de bienes por más de 2 millones de pesos. Aunque la pena le hubiera permitido solicitar una excarcelación, la ex polifuncionaria menemista seguirá detenida por otra de las 27 causas que todavía tiene en trámite.

El Tribunal Oral Federal 4 tomó su decisión por mayoría, porque uno de los jueces votó parcialmente en disidencia. El fallo, anunciado con tres horas de demora, convierte a María Julia en la primera integrante del gabinete de Carlos Menem en sufrir una condena por corrupción.

El veredicto pareció no sorprenderla. Cuando terminó la audiencia de anoche, sus familiares hicieron fila para abrazarla; Alsogaray les besó la mejilla de uno en fondo, con una gran sonrisa y palabras tranquilizadoras. Más enojada parecía la defensora oficial, Pamela Bisserier, que anunció que si es necesario apelará el fallo ante organismos internacionales de derechos humanos.

La sala de audiencias había estado más llena por la mañana, cuando la acusada pronunció su descargo. “A mí se me aplicó la Inquisición”, se quejó. Su hijo Alvaro la defendió: ante las embestidas de los movileros, atinó a decir que su madre siempre actuó “con corrección”.

Antes de las 22, María Julia ya estaba de nuevo en la dependencia que la Policía Federal tiene en Palermo, donde está presa desde agosto del año pasado. Que la trasladen a una cárcel común, está descartado. Lo que no puede precisarse es cuánto tiempo más permanecerá detenida, porque eso depende de cómo evolucionen sus 6 procesamientos y las otras 21 causas en contra.

Según confirmó la Cámara Federal, es esa inusual cantidad de acusaciones lo que amerita que Alsogaray no pueda estar en libertad. Pero este criterio —la multiplicidad de investigaciones en marcha— tampoco es definitivo, porque aún tiene pendiente una ratificación de la Corte Suprema.

En la causa por enriquecimiento ilícito, el fiscal Oscar Amirante había pedido una condena de 4 años de cárcel y el decomiso de de 1,3 millón de dólares. Los jueces —finalmente— quedaron más cerca del máximo de 6 años previsto para este delito que del mínimo de 2. Tres de los diez puntos leídos por el prosecretario, Eduardo Méndez, consistieron en el rechazo de los planteos de nulidad e inconstitucionalidad planteados por la defensa.

El decomiso dispuesto es de exactamente 622 mil pesos y 500 mil dólares. Los montos coinciden con la plata que María Julia decía haber percibido como fondos reservados y con un supuesto asesoramiento a un astillero quebrado. Por haber perdido, también debe pagar las costas del proceso. Y en los próximos seis años —si logra salir de prisión— no podrá ocupar cargos públicos: fue inhabilitada para eso.

Los fundamentos de la condena se van a conocer el lunes 31. Fuentes judiciales adelantaron a Clarín que el presidente del tribunal, Horacio Vaccare, se inclinaba por una condena más leve. Pero su colega Leopoldo Bruglia consiguió el apoyo de María Cristina San Martino para dictar la pena de cumplimiento efectivo. Los voceros contaron que en los últimos días no tuvieron un diálogo demasiado fluido.

Los jueces ya llevan escrita parte de su sentencia. Les queda argumentar por qué se negaron a tachar de inconstitucional la ley secreta que permitió el pago de sobresueldos y elegir cómo se va a instrumentar el decomiso de los bienes. Hasta ahora, ningún tribunal se pronunció acerca de si es delito o no utilizar fondos reservados con fines personales, como —según el fallo de anoche— habría hecho Alsogaray.

Fuente:www.clarin.com