Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados provincial, se solicitó por medio de un proyecto de declaración que el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Municipios y Comunas, informen a todos los municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe, y a la población en general, las disposiciones vigentes a nivel nacional sobre obstáculos a la navegación en espacios aéreos controlados”.

Concretamente, el legislador Eduardo Toniolli advirtió que “hay funcionarios municipales y legisladores de localidades linderas a aeropuertos como los de Sauce Viejo y Rosario, promocionando o incluso comprando drones para uso estatal, en abierto desconocimiento de la normativa vigente y sin haber pedido permiso a la Autoridad Nacional de Aviación Civil, único organismo habilitado para brindar autorizaciones para cualquier tipo de aeronavegación en un radio de 18 kilómetros alrededor de un aeropuerto”.

Agregó que “el desconocimiento de las normas o la necesidad imperiosa de algunos gobiernos locales por mostrar ejecutividad en materia de seguridad pública, ha llevado a muchos funcionarios a confundir a la población sobre las posibilidades de uso de implementos como los drones”.

También detalló que “ya hay asociaciones de vecinos que, con toda buena intención, están intentando adquirir algunos de estos aparatos, porque nadie les informó que -por ejemplo- en el caso de Rosario, no hay posibilidad alguna de que un dron sobrevuele la ciudad sin autorización de la ANAC, que por otra parte no está habilitándolos porque -en caso de hacerlo- deberían ser monitoreados por la torre de control del aeropuerto de Fisherton, hoy como mucha actividad en materia de vuelos”.

La ANAC, en un intento por reglamentar esas disposiciones nacionales, ha puesto a consideración de todos los interesados un Proyecto de Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados que se encuentra en su etapa de consulta, en el que se reafirma lo señalado con respecto al radio de 18 km alrededor de los aeropuertos, y se agrega como disposición general para cualquier localidad, que los drones no podrán volar a una distancia lateral menor a los 200 metros de áreas residenciales, urbanizaciones, viviendas aisladas, rutas y/o autopistas y reuniones públicas o privadas al aire libre y a menos de 1 kilómetro de pueblos o ciudades.

La polémica también se encendió porque en los últimos días, en varios barrios de Rosario, y ante los crecientes hechos de inseguridad, muchos vecinos plantearon la idea de comprar drones y costearlos de sus propios bolsillos.