La presunta maniobra fue denunciada por la abogada Julieta Bula en representación de un hombre que, así, vio evaporarse el bien que cubría su crédito laboral.

Esta no es la primera denuncia que toma estado público en referencia a manejos controvertidos en el Registro de la Propiedad. Los últimos días del pasado mes de febrero La Capital dio a conocer una serie de presentaciones realizadas por distintas personas damnificadas por situaciones al menos irregulares. Aunque ya desde 1992 las páginas de este diario han dado a conocer hechos de similares características.

El nuevo caso se inscribe en el marco de un juicio laboral de larga data. Según lo contado por la abogada Bula, uno de sus clientes "tenía un crédito laboral que estaba garantizado con el embargo judicial de una propiedad situada en la ciudad de Capitán Bermúdez". Y así figuraba en los libros del Registro.

Pero cuando la profesional presentó un oficio para mantener el embargo (que caduca cada cinco años si no se solicita su reinscripción), el escrito fue rechazado por los funcionarios del Registro. "Nos dijeron que la propiedad se había vendido después de que alguien, sin la autorización judicial correspondiente, procedió a levantar el embargo".

Ante semejante situación, el trabajador vio evadirse el bien que le garantizaba su crédito laboral y su abogada decidió avanzar en el plano judicial ante la falta de respuestas del gobierno santafesino, responsable del Registro de la Propiedad. Mientras el juicio original sigue su curso en el fuero laboral, la profesional presentó entonces una demanda a la provincia por los daños y perjuicios causados a su cliente y una denuncia penal en el juzgado de Instrucción 11 para que se investigue si hubo un delito en las oficinas de Urquiza al 1100.

Antecedentes. El 23 de febrero, este diario dio a conocer la denuncia de un abogado en representación de un hombre que perdió un terreno de 10 hectáreas ubicado en la zona sudoeste de la ciudad y que figuraba en el Registro de la Propiedad como un bien litigioso y que, mediante la intervención de dos escribanías y empleados de la oficina cuestionada, pudo ser transferido libre de embargos.

Otro hecho (dado a conocer el 2 de marzo último) tuvo como víctima a un matrimonio que en 2006 vendió dos terrenos en Fisherton y cayó en "una trampa presuntamente tendida por un abogado que trabaja en el Registro". Esa maniobra les impidió escriturar la operación comercial, no pudieron cobrar el saldo de la venta y mucho menos disponer de los bienes. l