El juez federal Omar Digerónimo dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco ex represores que desempeñaron funciones durante la última dictadura en el centro clandestino de represión conocido como Quinta de Funes. También trabó embargos que van de 3 a 4 millones para cada uno de los militares y civiles procesados.
Los procesados, acusados de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real con el delito de tormentos y homicidio, son el ex jefe de Inteligencia de Rosario Oscar Guerrieri, los tenientes coroneles Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong, el gendarme Eduardo Tucu Constanzo y el abogado de Inteligencia Carlos Sfulcini. Digerónimo aclaró que aún quedan por resolver dos expedientes: el de la causa Enrique Jordana Testoni, ex director de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, y el que se refiere a las violaciones de derechos humanos en San Lorenzo.
“La defensa va a apelar, eso es algo lógico”, destacó ayer el magistrado, por lo que la última palabra estará a cargo de la Cámara Federal de Rosario. Además, quedan en el camino las apelaciones de la defensa sobre la falta de competencia, inconstitucionalidad de las leyes y cosa juzgada, aunque Digerónimo aclaró que esos trámites serán sorteados “tan pronto como la Fiscalía responda la vista”.
El querellante Equipo Jurídico de Derechos Humanos que integran Matilde Bruera y Gonzalo Stara, entre otros, apuntó que la resolución de Digerónimo señala la “probabilidad de que hayan cometido delitos”, mientras que en algunos de los casos por los que estaban acusados dictó la falta de mérito, lo que no significa que sean sobreseídos sino que el juez no encontró prueba suficiente para procesarlos.
En ese sentido, el magistrado dictó falta de mérito para los cinco acusados en lo referido a privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real con el delito de tormentos infligidos a distintos detenidos durante la dictadura, entre ellos el ahora canciller Rafael Bielsa.
Doce homicidios
Los cinco ex represores procesados ayer fueron acusados de doce homicidios. En el caso de Fariña, se suma la acusación de privación ilegítima de libertad agravada con tormentos en 17 oportunidades, a Sfulcini, Constanzo y Guerrieri por 15 torturas y a Amelong por 20 tormentos.
Mientras tanto, se trabó un embargo de 3 millones de pesos contra Guerrieri (detenido en el Regimiento I de Patricios en Capital Federal), Constanzo y Sfulcini; de 3,4 millones contra Fariña y de 4 millones contra Amelong.
Digerónimo investiga en la misma causa al general Luciano Jáuregui y el ex teniente coronel Jordana Testoni, ambos con arresto domiciliario en Capital Federal.
Con estos procesamientos, el juez no hizo más que ratificar las especulaciones que se manejaron durante la semana pasada, cuando todo hacía prever que la suerte de Amelong y Constanzo estaba echada. De aquí en más se aguardan las habituales apelaciones, trámites que podrían demandar cerca de dos meses, según estimaron en Tribunales.
Más demandas
Los querellantes, más allá de recibir con satisfacción las medidas ordenadas por Digerónimo, demandan la reapertura de la causa Feced, un mayor impulso a la investigación de los crímenes perpetrados en el II Cuerpo de Ejército y reactivar las excavaciones en el cementerio de San Lorenzo, las cuales se mantienen paralizadas debido a la falta de recursos.
El juez Digerónimo libró 22 órdenes de arresto y se arrestaron once personas desde el 17 de mayo. Entre ellos está Pedro Pili Rodríguez, ex diputado provincial del PJ y concejal de San Lorenzo, que se entregó a la Justicia el pasado 22 de mayo.
Tanto la situación procesal de Rodríguez como la del resto de los detenidos de esta causa parece correr por los mismos senderos que ayer llevaron al procesamiento de cinco militares y civiles, de acuerdo con las especulaciones que se realizaban en ámbitos judiciales.
Fuente:www.lacapital.com.ar