"Los concejales no tenemos información sobre los apremios del municipio. Hace poco suspendimos una subasta en el marco de un juicio a un vecino", explicó el edil Carlos Alegre, autor de la iniciativa.

"Una subasta, como acto público que es, se transforma en una ocasión propicia para que oportunistas inmobiliarios adquieran terrenos con fines de lucro, evitando que el municipio adquiera esos inmuebles para ser destinados al Banco de Tierras, según las ordenanzas vigentes", advirtió.

En ese contexto, el Concejo solicitó a los Tribunales un informe sobre las acciones en que el municipio es parte actora o demandante, tanto civil como penal.

Para Alegre, "es indudable la voluntad del Ejecutivo de llevar adelante los remates, a pesar de que desde el Concejo se sancionaron normas para no llegar a esa situación".

A la vez sostuvo que "el municipio debe evitar constituirse en promotor de esa situación, más allá de las legitimas intenciones de querer cobrar las deudas por obligaciones fiscales municipales".

Osvaldo Flores