Así lo reconocieron ayer el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, y la de Delitos Económicos, Margarita Zabalza (hija del diputado nacional Juan Carlos Zabalza).

Las acciones apuntalan las declaraciones realizadas por el gobernador Antonio Bonfatti un día antes, cuando dijo que "hay abogados que son parte del delito".

"Los indicios y parámetros que fueron detectados como sospechosos se están profundizando en su análisis para delimitar el nivel de implicancia de estudios jurídicos y contables en algunas organizaciones criminales", aseguró Beccari, quien sin dar nombres propios debido al secreto fiscal, admitió que algunos profesionales aparecen como propietarios o participan de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que "van más allá del origen de los honorarios profesionales".

De todos modos, el subsecretario de Ingresos Públicos recordó que los abogados y contadores deben dar cuenta de cómo lograron conformar su patrimonio, si eso le es solicitado por los organismos competentes.
También sorprende la "muy baja" registración de contadores en la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que están obligados a inscribirse, al igual que los escribanos, ya que están sujetos a la ley de lavado de dinero, evaluó Zabalza.

A esto, la funcionaria agregó las vinculaciones de otros actores clave necesarios para el lavado, como escribanos que se repiten en operaciones de organizaciones narcocriminales, situación que quedó expuesta en varios casos resonantes relacionados no sólo con la narcocriminalidad.

También aparecen bajo el foco otros engranajes, como los gestores automotores. Vale recordar que en nueve meses hubo varios crímenes, desde Luis Medina, el 29 de diciembre de 2013, hasta Germán Gonzalo Tobo, el 3 de septiembre pasado, que estaban relacionados, de algún modo, con la comercialización de vehículos.