El presidente de la Corte Suprema nacional, Ricardo Lorenzetti, visitó ayer en Tucumán un lugar donde se sospecha que existe una fosa común con restos de cientos de desaparecidos de la dictadura, víctimas en su mayoría del centro clandestino de detención que funcionó en el ex Arsenal del Ejército Miguel de Azcuénaga.

"No hay dudas de que en el arsenal hubo ejecuciones y personas y documentos que fueron quemados y que intentaron ocultar. Es evidente que aquí se ejecutó gente y que se la incineró, y gracias a los expertos podemos reconstruir parte de lo sucedido", dijo Lorenzetti.

"Hay elementos probatorios suficientes como para continuar con esta investigación", afirmó tras dialogar con miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, encargado de las excavaciones y de la búsqueda e identificación de restos, y de militantes de la organización Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

El magistrado reafirmó su concepto al aseverar que "hay realidades que muestran que hubo centros clandestinos de detención donde en lugar de tratar a las personas con el debido proceso se las torturó, se las privó de su libertad sin fundamento y luego se las mató".

"El Estado puede perseguir a una persona que actúe en contra de la ley, pero nunca en forma clandestina, como sucedió en esa época. No eran cárceles porque no había defensa ni control. No juzgamos ideologías porque esto es algo que nos avergüenza", puntualizó.

Mientras Lorenzetti recorría esos sitios de tortura y muerte, el ex gobernador tucumano Antonio Domingo Bussi, condenado a perpetua, fue nuevamente internado de urgencia en el Instituto de Cardiología por una insuficiencia cardíaca. Su estado en muy delicado