El tribunal dijo que debe realizarse una delimitación geográfica precisa para proteger un área donde habitan 155 especies de aves.

La resolución no afecta la producción de otros 4 pozos porque sobre ellos no existen reclamos judiciales.

Con su fallo, la Corte rechazó los recursos de inconstitucionalidad y casación presentados por Repsol—YPF y el gobierno de Mendoza. La acción judicial fue iniciada en febrero de 2003 por la organización no gubernamental Oikos. Un juzgado y una cámara civil ya habían defendido la posición ecologista de la organización.

Los miembros de la Corte sostuvieron: “No se trata de realizar una mensura que delimite el inmueble fiscal o una mensura con todas las formalidades legales sino de la determinación del área fáunica que puede o no coincidir con el predio fiscal y puede abarcar propiedades privadas”.

En su sentencia hicieron notar, citando al jurista y ex senador nacional Miguel Mathus Escorihuela, que Llancanelo “es un ecosistema con biodiversidad propia” (flora, fauna suelo, agua) que “requiere del estudio, análisis e investigación de especialistas en distintas disciplinas vinculadas con la ecología”.

La Justicia entendió que en la declaración de impacto ambiental del gobierno, por la cual se aprobó el inicio de los trabajos de Repsol, la delimitación geográfica fue hecha de manera unilateral por una dependencia estatal, que en este caso es una de las partes interesadas.

La reserva está a 550 kilómetros al sur de la capital mendocina, en el departamento Malargüe, y es uno de las zonas amparadas por la Convención de Ramsar, ciudad iraní donde en 1971 se firmó un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y cooperación internacional a favor de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos.

En Llancanelo existe una laguna en la que habitan flamencos rosados, cigüeñas, patos, gallaretas, taguas, garzas moras y blan cas, peuquenes, teros reales y tres variedades de cisne. Varias de ellas son migratorias. Llegan, incluso, desde Alaska.

En setiembre de 2000, Repsol—YPF lanzó el proyecto Llancanelo con una inversión que oscilaba en los 200 millones de dólares. La empresa se comprometió a conservar la reserva, la fauna y la flora porque se usarían “pozos de perforación horizontal y tecnología de última generación”. Calculó que en el lugar hay una cuenca de 35 millones de barrilles de crudo. Eso le significaba a Mendoza unos 56 millones de dólares en concepto de regalías petrolíferas.

Pero en 2003, la organización Oikos presentó ante la Justicia un recurso de amparo para interrumpir la explotación de los hidrocarburos en la zona. El presidente de Oikos, Eduardo Sosa, un licenciado en gestión ambiental, sostuvo ahora que “las puertas están abiertas para que Repsol y el gobierno realicen la explotación pero sin dañar el ecosistema”.

La compañía petrolera fue consultada por Clarín pero respondió que por ahora no habrá ninguna declaración. El gobierno provincial, en cambio, lo hizo a través del subsecretario de Medio Ambiente, Gustavo Morgani: “Hay que ponerse de acuerdo con las ONG para ver cómo sigue esto, ya que para la Corte debe haber un estudio conjunto con todas las partes interesadas”.

Fuente:www.clarin.com