El artículo 250 de la Ley 10.160 de Santa Fe establece que asuntos urgentes, como medidas cautelares y acciones de amparo, pueden resolverse durante la feria judicial.

Sin embargo, la realidad muestra que el poder judicial raramente habilita estas instancias, dejando a los abogados desamparados. Los magistrados se amparan en el inciso 5, que permite resolver "los que a juicio de los magistrados se encuentran expuestos a la pérdida de un derecho o a sufrir un grave perjuicio", para denegar sin justificación la habilitación de feria. En estos casos, la respuesta se reduce a un simple "no", sin explicar por qué no se considera urgente o alimentario, una omisión que condena a los profesionales al desamparo.

Por su parte, Galdeano, al frente del Colegio, se limita a “gestionar” para la tribuna, priorizando su política partidista por encima de la defensa de los intereses de los abogados. Los honorarios profesionales, regidos por la Ley Martorana N.º 14.130, son de orden público y revisten un carácter alimentario que no puede ignorarse. Este carácter alimentario es tan esencial como el salario de cualquier trabajador, y debería ser tratado con la misma urgencia. Negar este derecho a los abogados equivale a que los jueces de feria no cobren su salario de enero hasta febrero. Es un absurdo inadmisible.

En lugar de garantizar que los jueces cumplan con su obligación legal, el Colegio se alinea con intereses políticos y abandona a sus matriculados. Una muestra clara es el respaldo público que brindan a los candidatos a ministros de la Corte de Santa Fe, evidenciado en flyers partidistas que demuestran su sometimiento carnal al poder ejecutivo provincial. Estas acciones evidencian que el Colegio prioriza su dependencia política antes que el ejercicio profesional.

Es hora de exigir una postura firme y decidida del Colegio de Abogados que verdaderamente proteja los derechos de sus matriculados. No podemos permitir que siga siendo un actor pasivo y cómplice en la falta de transparencia y justicia. Los abogados necesitan una institución que los defienda con hechos, no con discursos vacíos y fotos de propaganda.