Tal es el caos de vehicular que se advierte en la zona central de la ciudad que la Justicia provincial decidió tomar cartas en el asunto. En una medida que no registra antecedentes, la Procuración General de la Suprema Corte instruyó ayer a la fiscalía en turno de los Tribunales rosarinos para que controle si las autoridades hacen respetar las normas vigentes. Más aún, de constatarse un inadecuado desempeño de los funcionarios se les podría iniciar causas por incumplimiento de sus deberes. El subsecretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, replicó con que la medida implica "un total desconocimiento" de lo realizado en materia de control del tránsito.

El recientemente designado procurador de la Corte, Agustín Bassó, desembarcó en Rosario con una medida que cosechará más de un debate: instruyó a la fiscal Nº11, Graciela Argüelles, para que intervenga activamente en el control del cumplimiento de las normas de tránsito de aplicación en la ciudad.

Lo hizo tomando como referencia un panorama de "descontrol generalizado que se advierte en el desplazamiento de vehículos por las calles rosarinas", indicó el comunicado oficial.

El procurador solicitó además que, en caso de identificarse incumplimientos, "se inicien las acciones legales que correspondan".

Bajo la lupa. Es decir: si aquellas autoridades afectadas a las áreas que diagraman las políticas públicas de control y prevención no realizan sus tareas eficientemente serán investigadas por la Justicia bajo el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En su instrucción, Bassó hizo referencia a las innumerables infracciones de tránsito que se constatan a simple vista y a los sucesivos informes de la prensa que dan cuenta del accionar irresponsable de los conductores.

Incluso La Capital publicó un informe respecto de esa situación el 18 de noviembre pasado, destacando que la mayoría de las actas labradas son por mal estacionamiento.

Bassó, en declaraciones radiales, lanzó sus críticas al Palacio de los Leones. "La tarea de los inspectores de Tránsito apunta más a la recaudación que a la prevención de accidentes", espetó sin medias tintas.

La medida tuvo su correlato en la capital provincial, donde hubo una presentación similar ante un representante del Ministerio Público. Y no se descarta extender esa instrucción a todos los fiscales de la provincia si es necesario.

Molesto, Asegurado reconoció haber tomado con "sorpresa" las declaraciones de Bassó, las cuales "muestran como mínimo un total desconocimiento de lo que se realiza en Rosario" en materia de seguridad vial.

El funcionario también consideró "realmente grave" la aseveración del procurador acerca del supuesto afán recaudatorio del municipio.

"En Rosario hace una década que viene disminuyendo la cantidad de muertos por accidente", resaltó el subsecretario de Gobierno.

Tras advertir que "en el país la curva de accidentes crece, mientras que en Rosario disminuye", Asegurado sentenció: "Frente a este tema lo que no hay que hacer son declaraciones sino acciones".

El funcionario reconoció que "es real que hay infracciones cotidianamente", pero aclaró que los dichos de Bassó "se contrarrestan con números concretos".

Luego detalló que de las 95 muertes registradas en 1995 (con 5.000 personas heridas), el año pasado se redujeron a 45 (2.600 lesionados). Y que en lo que va de 2007 son 41 las víctimas fatales.

En los fundamentos elevados a Argüelles el procurador deslizó críticas a la pasividad de los denominados zorros frente a la infinidad de contravenciones cotidianas.

"No obstante la presencia de inspectores, los vehículos circulan en infracción a las normas de tránsito vigentes, como bicicletas a contramano, ciclomotores y motocicletas transportando más personas que las permitidas y con sus conductores y acompañantes sin casco, conductores sin utilizar el cinturón de seguridad y hablando por teléfonos celulares y carros a tracción de sangre o manual conducidos por niños", enumeró el jefe de los fiscales.

Dicha situación, esgrime Bassó, "colabora en la producción de accidentes que, en muchas ocasiones, reflejan como resultado la muerte de alguno de los involucrados".

Es que, detrás de Buenos Aires, Santa Fe ocupa el segundo lugar en las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito (ver aparte).

Este panorama que arroja miles de muertes en todo el país, un promedio de 25 por día, motivó que la Defensoría del Pueblo de la Nación impulsara en su momento un proyecto para decretar por dos años la emergencia vial en todo el territorio argentino.

Desde el gobierno se lanzó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2006-2009, que pretende reducir los decesos por accidentes en un 20 por ciento.