La investigación contra el magistrado Alfredo López se inició por una denuncia del 30 de mayo del sindicalista kirchnerista Julio Piumato, en su condición de secretario general del gremio. El objetivo: la remoción del juez.
La acusación cayó muy mal entre los jueces. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional denunció ayer que se trata de "una presión más del poder político sobre la Justicia" y cuestionó que la petición de Piumato no hubiera sido rechazada de inmediato.
Por el contrario, no bien recibió la denuncia, el Consejo abrió un expediente, el 199/2008, y dos días después de la presentación del sindicalista, el consejero y diputado Carlos Kunkel solicitó como medida preliminar acceder al expediente resuelto por López. Su pedido fue rechazado.
Sin embargo, el jueves de la semana pasada, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo dio curso a la investigación: le comunicó al juez que había una causa en su contra, que tenía derecho a designar un abogado y que podía ofrecer pruebas en su favor dentro de los 20 días siguientes.
La comunicación fue dirigida al superior del magistrado, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a quien se le pidió que actuara como intermediario.
"Irrazonable"
El fallo que le cuestionan a López es una sentencia contra el Gobierno en un amparo. El juez sostuvo que se debía "poner coto" a decisiones como la resolución 125, "a todas luces irrazonables, arbitrarias y atentatorias del bien común".
Piumato le respondió a través de su denuncia: "Si el señor juez de la Nación Alfredo López se considera tan capacitado para desarrollar e imponer políticas económicas tan exitosas para nuestro país, debería abandonar el cargo que desempeña como juez y organizar un partido político".
Ayer, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, se sumó a la polémica con una dura crítica a la denuncia de Piumato. "Es una presión grosera", afirmó.
Según Recondo, este caso es doblemente vergonzoso. "Primero, porque lo promueve el secretario del gremio y eso demuestra que hay un plan destinado a sojuzgar al Poder Judicial; segundo, y aún más grave, porque el Consejo de la Magistratura es cómplice. En vez de rechazar in limine la denuncia, pide un informe."
El presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, el senador radical Ernesto Sanz, explicó a LA NACION que esta denuncia tuvo el mismo trámite que cualquier otra y que sólo se rechazan in limine los "casos groseros" de acusaciones infundadas. Sin embargo, él también cuestionó a Piumato. "Se convirtió en una herramienta del oficialismo para perseguir jueces", afirmó.
Piumato respondió a Recondo y a Sanz con pocas palabras. "El ladrón cree que todos son de su condición. Será que ellos actuaban así cuando eran gobierno", fue todo lo que dijo.