La conmutación de penas a presos ocasionó un gran revuelo en el ámbito político y judicial de la provincia de Santa Fe. Tal es así, que el gobernador Antonio Bonfatti tuvo que salir a pedir disculpas a los familiares de una víctima en un caso emblemático en la capital provincial, firmó una autolimitación para la conmutación de condenas y desplazó de su cargo a la secretaria de Asuntos Penales de la provincia, Débora Cotichini, por su responsabilidad en el caso. Pero, ¿qué pasa en la ciudad de Rosario?

Todo se originó cuando el gobernador Antonio Bonfatti firmó, el 5 de agosto pasado, el decreto 2.484 de conmutación de penas correspondientes a 2015. Uno de los beneficiados fue Antonio Nicolás Ceballos, condenado a perpetua por el crimen de Rubén Mattioli y su hijo de 19 años, cometido en Rincón en 2007.

El 26 de agosto, después de recibir a los familiares, el ministro de Justicia Juan Lewis habla de “un error” y les pide disculpas. El gobernador firma el decreto Nº 2.703 revocando el beneficio para Ceballos, que no había sido notificado aún sobre el anterior decreto de conmutación.

Un día después, trasciende el decreto Nº 3.471 del 8 de octubre de 2014 firmado también por Bonfatti y Lewis, donde se concede el beneficio de la conmutación a Facundo Javier Sartore, condenado como autor material por el mismo caso Mattioli. La familia de las víctimas ya no acepta nuevas disculpas y habla de “gravedad institucional.

Finalmente, el 31 de agosto Antonio Bonfatti resuelve desplazar a la secretaria de Asuntos Penales del gobierno provincial, Débora Cotichini, y anuncia la firma del decreto de autolimitación.

Pero lo que no trascendió es que, junto al caso de Rincón, le conmutaron la pena al rosarino Zalazar, que en 2002 mató a una mujer en un robo. Le dieron 25 años y ahora quedó en condiciones de pedir transitorias.

De este caso de Rosario nunca se habló en profundidad. Héctor Marcelo Zalazar mató en 2002 a Silvana Zilli, portera en el Colegio Don Bosco. Entró a su casa de Saavedra al 6100 con la excusa de repararle un horno microondas y terminó matándola por estrangulamiento. A la víctima la encontraron atada de pies y manos y con un cable ajustándole el cuello.

Héctor Marcelo Zalazar está preso desde el 2002, su condena a perpetua quedó firme en 2006 y vencía en 2034. Con la conmutación a 25, lleva 13 y ya, con la mitad de la condena, puede pedir transitorias.

En conclusión, el gobierno volvió a atrás con el caso de Rincón, admitió un error, lo tomó como tal, y le costó el puesto a una funcionaria. Pero vale decir que solo volvió atrás en el caso en el que los familiares reclamaron. No en el de Zalazar, cuyo decreto salió a la par.