Los ministros de la Corte están muy molestos con el discurso de la Presidenta en el Congreso y asumen que en pocos meses deberán dictar un fallo ejemplificador para limitar la utilización de los decretos de necesidad y urgencia a cargo del Poder Ejecutivo. Así lo afirmaron ayer altas fuentes del tribunal a LA NACION.

Además, trascendió que antes del fin de semana un juez de primera instancia podría suspender el DNU 298/10, que dispuso tomar reservas. Y ayer, las asociaciones de magistrados rechazaron las críticas genéricas e innominadas que formuló la primera mandataria contra la Justicia.

Cristina Kirchner derogó por decreto el Fondo del Bicentenario y creó el Fondo de Desendeudamiento, y formuló durísimas críticas contra los legisladores y contra los jueces. Si buscó colocarse en una posición de fuerza frente a los otros dos poderes, "no evaluó adecuadamente las consecuencias", sostienen en el máximo tribunal.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y su colega Juan Carlos Maqueda asistieron a la sesión de la Asamblea Legislativa y escucharon el discurso presidencial. Ayer, en el acuerdo de ministros, los jueces conversaron sobre esas expresiones, a las que calificaron como un "agravio gratuito", afirmó uno de ellos.

Por cierto, la Corte no responderá en forma inmediata. Pero el tribunal y todo el Poder Judicial tomaron nota de la grave situación institucional que se plantea con un gobierno que busca desconocer a los otros poderes y con una oposición que todavía no logra articular el ejercicio del poder.

El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que en aquella ceremonia estaba sentado detrás de Maqueda, glosaba y festejaba cada palabra presidencial y cada arrebato. Todo el escenario que había montado la Presidenta en el Congreso pretendía hacer creer que, en la Argentina, el único poder que manda es el Ejecutivo, que no está dispuesto a compartir la autoridad con ningún otro.

A todos los jueces les disgustó ese momento. Uno de los ministros, quizás habitualmente el más contemporizador, llegó a evaluar, inclusive, si había alguna posibilidad de reaccionar rápidamente. Pero la Justicia, especialmente la Corte, no tiene ese resorte. Primaron, entonces, la prudencia y la mesura: darle tiempo a la política, para que los legisladores logren articular una solución en el Congreso, anulando o derogando la norma. Pero existe la clara conciencia de que algo hay que hacer.

"La Presidenta se queja de que los jueces votan contra las medidas del Gobierno, según lo que reclaman las tapas de los diarios. Quizás, incluso, no sea ilegal que el Gobierno use reservas para pagar deuda, pero el Gobierno está violando todos los procedimientos y normas. Por eso, los jueces dictan cada vez más fallos, en beneficio del país. Hoy, todos están conscientes de la necesidad de limitar al Poder Ejecutivo", dejaron trascender en la sede de la Corte.

Aquel malestar, como se dijo, no se traducirá por ahora en una sentencia contra el decreto 298/10.

La Corte tiene en estudio la causa iniciada por el diputado Federico Pinedo (Pro-Capital Federal) contra el DNU 2010, de diciembre último. Como el lunes este decreto fue derogado y lo reemplazó el 298/10, en lo formal el máximo tribunal ya no tiene competencia para ampliar la medida cautelar. Un exabrupto del Poder Ejecutivo no puede corregirse con otro del Poder Judicial, explican. Pero el tribunal también podría haberse apresurado a cerrar la causa Pinedo por "abstracta" y no lo hizo. Quiso dar una señal de que no avanzará contra el Gobierno, pero tampoco le allanará el camino.

El tribunal responderá con una vía intermedia. Advirtió, hace meses, que debe reencauzar y limitar la atribución presidencial de dictar DNU, que nuestros mandatarios ejercen sin respetar límite alguno.

Sus ministros concuerdan en la necesidad de dictar pronto un fallo al respecto, pero hurgan entre muchas causas que tienen a estudio -contra DNU dictados por Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y los propios Kirchner- para encontrar el expediente más apropiado para trasmitir un mensaje contra los DNU, que sea categórico y hacia el futuro.
Ahora, la validez o invalidez del nuevo DNU deberá ser resuelta por el Congreso y, en la Justicia, por los jueces de primera instancia.

En primera instancia

Las juezas federales de primera instancia en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal y Liliana Heiland ya tienen en su poder las presentaciones de la UCR y de Pro, y hoy pueden sumarse otras nuevas, especialmente la que puedan hacer Graciela Camaño y el peronismo disidente. También algunos abogados particulares presentaron otros amparos.
Es casi seguro que antes del viernes próximo, en alguna de las causas promovidas por los partidos políticos, uno de los jueces suspenda la aplicación del nuevo decreto 298.

El decreto 298 es una reedición del derogado decreto 2010. Ambos pretenden resolver la misma situación de hecho, la misma emergencia; ambos fueron dictados salteando la intervención del Congreso y ambos invocan la misma supuesta urgencia que no existe y, finalmente, ambos decretos echan mano del mismo dinero y producirán los mismos efectos.
Ambos decretos son tan similares, casi idénticos, que el decreto 298 transcribe, textuales, 39 de los 45 considerandos de la norma dictada en diciembre y, sólo le agrega seis más, dedicados a responsabilizar a los jueces que dictaron medidas cautelares por el aumento del riesgo país.
El artilugio de burlarse de varias medidas cautelares que dictaron la jueza María José Sarmiento y las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera no fue bien recibido en Tribunales.
Además, Heiland, en 2008, declaró inconstitucional la resolución 125, que perjudicaba al campo. Y Rodríguez Vidal dio varios dolores de cabeza al Gobierno.

No son los jueces penales, sino los demás jueces, los que están poniendo reiterados límites a los abusos del Gobierno contra Telecom, los medios, Papel Prensa, etcétera. Los nuevos agravios no mejorarán el clima.