En el caso “Rasul vs. Bush” (03-334) relativo a los detenidos sin status jurídico en Guantánamo, decidió que “las Cortes federales tienen jurisdicción para determinar la legalidad de la detención indefinida de personas a disposición del ejecutivo, que claman ser inocentes”. En igual materia en el caso del ciudadano norteamericano estadounidense, Yaser Hamdi, capturado en el campo de batalla de Afganistan, in re “Hamdi vs. Rumsfeld” (03-6696) se ventiló la detención de éste por más de dos años, sin juicio, ni acusación, ni defensa legal. La minoría votó por la inmediata liberación del mismo, y la mayoría por declarar que “ha sido privado del debido proceso al no haber tenido oportunidad de ser oído”, con lo cual su situación actual deberá ser revisada. Las consecuencias seran inmediatas porque los detenidos en Guantánamo, deberán ser trasladados al territoriocontinental para ser sometidos a proceso legal, o liberados, lo cual ya genera debates sobre su futura localización. Pesa sobre el ejecutivo, según el voto del juez Sandra D.O Connor, el recuerdo de los detenidos japoneses-americanos de la II guerra, de modo que se debe entender que “el estado de guerra no importa un cheque en blanco para el ejecutivo cuando él avanza sobre los derechos de los ciudadanos de la nación”. El caso de José Padilla, como supuesto combatiente enemigo, detenido sin embargo en territorio continental, y no en actividad bélica, no fue sin embargo tan feliz para él, puesto que la Corte entendió que fue presentado en una jurisdicción errónea y debe ser replanteado (03-1027). A raiz de las torturas a prisioneros iraquíes en Abu Ghraib, la ACLU (Unión por las libertades civiles de los americanos) opina que el fallo recaído en Sosa vs. Alvarez Machain (03-339) autoriza a víctimas extranjeras de torturas infringidas por ciudadanos americanos, aún fuera del territorio, a demandar ante las cortes federales por violaciones serias a los derechos humanos invocando la “Alien Tort Claims Act”, parte integrante del corpus jurídico de los EUA (First Judiciary Act, 1789). En otro orden de asuntos, la Corte falló tambien contra las restricciones en Internet que afecten los derechos concedidos en la Primera Enmienda Constitucional, al resolver sobre la Ley de protección de menores en la Red (Child Protection Act), entendiendo que las penas contenidas en la norma constituyen una amenaza y una fuerza represiva para las vidas y pensamientos de un pueblo libre. El voto del Juez del Supremo Kennedy indicó que “el gobierno había fallado en su intento de probar que su interés en proteger a los niños no podía lograrse de modo más efectivo, por la vía de permitir a los padres confiar en los programas filtros, en lugar de amenzar a los usuarios de la Red con la persecusión criminal”.

Fuente: Sitio de la American Civil Liberties Union, Supreme Court Ends Term With Reaffirmation of Rule of Law during Times of National Crisis,June 29, 2004 (Trad. J.Fernández Méndez).