El gobierno provincial está decidido a que aspectos esenciales de su Plan Estratégico de Reforma Judicial salgan antes del 10 de diciembre, a pesar de las críticas de la oposición. El subsecretario de Justicia y Culto de la provincia, Gabriel Somaglia, se mostró confiado ayer en la pronta aprobación por parte de la Legislatura de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Por otra parte, en cuanto a la aplicación de la ya aprobada reforma del Código Penal, admitió que uno de los puntos más polémicos es la constitución del Ministerio Público Fiscal cuya organización presenta posiciones encontradas entre la gestión saliente y la entrante, lo cual podría "entorpecer el avance de la reforma penal". Cabe recordar que la reforma comprende, entre otros puntos, la aplicación de juicios orales y públicos en toda la provincia de Santa Fe, cuyo sistema judicial es el único de Latinoamérica que no cuenta con esa herramienta.

Somaglia consideró la reforma al Código Civil tan importante como la aprobación del nuevo Código Penal y estimó que podría ser sancionada en breve por la Legislatura gracias a que "se ha avanzado bastante sobre ese proyecto que modifica algunas normas para permitir la agilización de ciertos procesos contenidos en ese marco".

En tanto, sobre la reforma penal, admitió que la discusión puede demorar el plazo previsto para su aplicación, que según el proyecto del gobierno aprobado por la Legislatura debería estar aplicado en su totalidad en junio de 2008, un plazo que a todas luces resulta imposible de cumplir.

Según su punto de vista, la ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal dentro del sistema judicial será uno de los puntos más conflictivos, ya que "hay distintas posiciones, además de preocupación".

"Se entorpecerá el avance de la reforma penal porque la Constitución provincial lo ubica dentro del Poder Judicial, como todo el resto de las provincias excepto Salta", detalló el funcionario, y opinó, además, que "una de las tareas más importantes a concretar será la delimitación de las funciones y las atribuciones de los fiscales y de la defensa sin necesidad de reformar la Constitución".
"Que se ponga blanco sobre negro, porque habría que continuar con el consenso de los últimos años aprovechando que el Ejecutivo envió un proyecto que está a la altura de las requisitorias actuales y con la mayor autonomía posible", reprochó Somaglia a la oposición.
En cuanto a la selección de los nuevos jueces comunales que ocuparán cargos bajo la nueva modalidad, confirmó que "el proceso sigue avanzando pero ahora está paralizado porque los pasos a cumplir excederían el período del gobierno".
A pesar de que aún no se designó a ningún magistrado, estimó que en una semana el gobernador Jorge Obeid ya estará en condiciones de comenzar con la elección mediante el envío de los pliegos a la Legislatura.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal tendrá una doble función: por un lado la investigación del delito y, por el otro, la defensa. Por otra parte, si bien se encontraría dentro de la estructura del Poder Judicial, tendría autonomía funcional.
De tal manera los jueces dejarán de contar con la facultad investigativa, y la única institución a cargo de la investigación y de instruir una política criminal de persecución del delito será el Ministerio Público a través de los fiscales.