El voluminoso expediente -diez cuerpos y más de mil fojas- se inició tras el sonado caso de Liz Anahí Benítez, una mujer de 30 años oriunda de Pinto (Santiago del Estero) que fue traslada hasta Rosario para parir el 6 de abril de 2009 en el Hospital Provincial.

El bebé fue entregado a una pareja de rosarinos, pero el trámite quedó paralizado cuando un escrito anónimo alertó al juzgado de Familia Nº 3 de una serie de maniobras sospechosas en el Hospital Provincial.

Tras una profunda investigación que incluyó una batería de medidas, el juez de Instrucción provincial, Juan Andrés Donnola, procesó a nueve personas por los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica en instrumento público y tentativa de estafa procesal.

El magistrado acumuló pruebas suficientes para tener un grado de sospecha bastante certero de que el grupo se movía con impunidad entre Pinto y Rosario en una camioneta, reclutaban mujeres y pululaba en el Hospital Provincial, donde misteriosamente «asistían» a mujeres embarazadas de escasos recursos.

Pero la causa arrojó pistas firmes respecto a otros delitos. Al remitir el expediente al juzgado federal, Donnola fundamentó sus limitaciones para averiguar sobre la supuesta supresión de identidad de un niño de tres años, dato surgido en el marco de la investigación. Se refería a una madre oriunda de Corrientes que fue llevada a Pinto mientras en Rosario daban en adopción a su hijo.

Además, al fuero federal le correspondía profundizar la investigación sobre la falsificación de instrumentos públicos, ya que al DNI de Benítez le fraguaron el domicilio y, con el fin de radicar la adopción en Rosario, la hicieron pasar como afincada en esta ciudad.

La causa Nº 227/09 se derivó el 18 de febrero de 2010 al juzgado Federal Nº 4, a cargo de Marcelo Bailaque. El 17 de septiembre de 2010 se amplió la documentación, al remitir la absolución de los imputados dispuesta por la Cámara Penal.

Pero a pesar de la problemática que encierra el caso y el gran caudal de información que contenía la causa, sobre todo los delitos latentes a expectativa de ser investigados, en los Tribunales Federales sólo se ordenó una pericia sobre el DNI del hijo de Benítez.

El 5 de noviembre de 2010 la fiscalía federal sugirió la incompetencia, a la que adhirió el juez Bailaque 6 de octubre pasado. Es decir, la causa estuvo virtualmente paralizada durante 20 meses para remitirla casi en el mismo estado a los Tribunales provinciales.

Ahora Donnola vuelve a tener en su despacho un caso que tuvo múltiples derivaciones, donde no se agotó la investigación de delitos considerados de lesa humanidad, como el robo de bebés. Mientras, evalúa los pasos procesales a seguir.