Desde inicios de diciembre, el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra avocado a una de sus tareas más importantes: la recomposición de la Corte Suprema de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos.
Así, en el marco del procedimiento de selección y nombramiento, este domingo 15 de febrero de se llevará a cabo la evaluación escrita de los postulantes a magistrados Supremos en el local de la Universidad del Pacífico. En dicha casa de estudios se convocarán a 75 aspirantes (57 a 6 plazas de vocales Supremos y 18 a 2 plazas de Fiscales del mismo rango) de diversas regiones del país, para afrontar un examen que esperemos cuente con el rigor que la ocasión amerita.
Como puede entreverse, la Corte Suprema y las Fiscalías del mismo rango gozan de un papel primordial en el Estado de Derecho. Son encargados altas labores administrativas y de gobierno dentro de sus instituciones, así como de la emisión de decisiones y dictámenes finales en cuanto a la resolución de conflictos, muchos de los cuales son de gran interés ciudadano.
De ese modo, una selección adecuada de magistrados Supremos es de vital importancia para el correcto funcionamiento del sistema de impartición de Justicia, tal como se ha demostrado a lo largo del año pasado y de los días transcurridos de éste.
Sólo por citar un ejemplo, el país ha observado con preocupación como, recientemente, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto el caso de beneficios penitenciarios del procesado Agustín Mantilla, apartándose de la jurisprudencia constitucional y propinando, de ese modo, un duro golpe a la lucha anticorrupción, donde la Judicatura debe ser un ente activo de rechazo a la impunidad, y no todo lo contrario.
Por ello, se ha sostenido con precisión que el factor humano, es decir las personas que componen dichos órganos, marca la diferencia. No puede esperarse una reconstrucción adecuada de la Corte Suprema ni la Junta de Fiscales, si el Consejo Nacional de la Magistratura no elige correctamente a los vocales y fiscales Supremos que integrarán estas instituciones. De ese modo, estamos a la espera de los magistrados que el Perú necesita. Es decir, de profesionales del Derecho que administren justicia rectamente, con apoyo en las normas vigentes, en nuestra realidad, respetando siempre las disposiciones constitucionales y, especialmente, los derechos fundamentales.
Con magistrados que guarden ese perfil podremos encaminar un proceso de refundación del sistema de impartición de Justicia, basado firmemente en dictámenes y resoluciones justas que respondan a la conducta de los pueblos peruanos y a los valores que éstos propugnan.
Sólo de ese modo, la sociedad no reclamará (dentro de 7 años -o quizá menos-) la separación de los magistrados que actualmente seleccionará el Consejo Nacional de la Magistratura (1). Y sólo de esa manera, no lamentaremos el daño que le causó a la democracia y a un Poder Judicial con 12.3%(2) de aprobación ciudadana, la inclusión de malos elementos entre sus filas, quienes bajo el discurso de la aplicación ciega de la ley, no hicieron más que impartir injusticia.
Por lo dicho, el CNM debe hacer frente a esta circunstancia histórica con la altura que corresponde. Tomando en cuenta la experiencia de los 2 concursos anteriores de selección de Supremos, tiene que superar las deficiencias del reglamento vigente, adecuarlo razonablemente(3) y en base a un apropiado perfil de magistrado supremo, plantear una evaluación que le permita elegir únicamente a los postulantes que den la talla para estos altos cargos. Y en esto último queremos hacer hincapié, sólo debe seleccionarse a los postulantes que sean idóneos para ocupar un puesto de magistrado Supremo, así sean 1 o 2.
Nota
(1) Entre los Vocales Supremos actualmente más cuestionados encontramos a Robinson Gonzáles Campos, Isaac Gamero Valdivia.
(2) Datos obtenidos de una encuesta realizada por Imasen por encargo del IDL y Justicia Viva, publicada en: Ideele. Revista del Instituto de Defensa Legal, N° 160, diciembre de 2003, pp. 82 y ss.
(3) El CNM ha resaltado correctamente que esta evaluación escrita incidirá en temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Teoría General del Derecho, Teoría General del Proceso y casos prácticos. De esa manera se pone énfasis en áreas clave para medir la idoneidad del postulante.
Fuente: www.lainsignia.org
