La medida abarcará a los abogados penalistas que defiendan a procesados por delitos de gravedad, como lavado de dinero, narcotráfico, corrupción o trata de personas. Con este plan el organismo apunta a determinar de dónde provienen los grandes fondos de los investigados para pagar a sus costosos abogados.
La UIF ya arrancó, con unos veinte requerimientos enviados a diferentes abogados de procesados en delitos de narcotráfico. Los defensores de los acusados por causas como la conocida "carbón blanco" en el Chaco, la de la familia Zacarías en Rosario o el clan Ale en Tucumán seguramente ya han recibido el requerimiento en su estudio. En el mismo se les solicitará se informe cuáles fueron sus honorarios, que se indique el origen de los fondos y que remitan una copia de la factura correspondiente.
Los abogados cuestionan esta medida ya que la asimilan como una "invasión al secreto profesional", sin embargo, desde el organismo antilavado a cargo de Mariano Federici aclararon que se asegurará el secreto y la confidencialidad de los datos requeridos, al mismo tiempo que los letrados tampoco podrán divulgar que han recibido la mencionada intimación.