A mediados de este año, los senadores Aníbal Fernández  y Elena Corregido, presentaron una iniciativa mediante la cual prevén erradicar la violencia doméstica en el ámbito familiar a través de diferentes herramientas, entre ellas, algunas referidas a las facultades que tendrán los jueces para intervenir en estos casos.

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de la Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda tuvieron varias reuniones para tratar este tema. La última fue este miércoles, y si bien no se llegó a un dictamen se avanzó en su tratamiento y en la creación de una propuesta que podrá ser llevada al pleno de la Cámara Alta.

Con participantes de distintos ámbitos y organizaciones que se dedican a tratar la problemática, se delinearon algunas nuevas previsiones que deberán ser incorporadas a la iniciativa original.

Los legisladores volvieron a destacar que las víctimas podrán hacer valer las leyes más recientes en este sentido en los procesos que se vinculen a su caso, por sobre las mandas provinciales.

Al mismo tiempo, recordaron que esta herramienta brindada por el proyecto se utilizará de forma independiente de los procesos de divorcio, alimentos, tenencia y regímenes de visita o cualquier juicio entablado en el marco del Derecho de Familia o procesos penales que afecten a las partes, dado que las previsiones de la nueva legislación no afectan ni reemplazan a estas instancias.

La propuesta especifica en sus fundamentos la definición de violencia doméstica: “Toda acción, omisión o manipulación crónica, permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte la integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica o la libertad de un integrante del grupo familiar”.

En tanto, también se faculta a los jueces para que cuando reciban una denuncia en relación a un hecho de este tipo disponga medidas de intervención urgentes, al margen de que las cuestiones de competencia en el futuro hagan que la causa pase a manos de otro magistrado. De esta forma se busca evitar algunas dilaciones clásicas del Poder Judicial a la hora de atender estas situaciones.

“La iniciativa tiene por finalidad garantizar el efectivo goce de estos derechos y sancionar a quienes, dentro del ámbito de los grupos familiares, los restringen, avasallan o lesionan. Propicia asegurar los derechos de las víctimas a recibir atención psicológica, médica y jurídica especializada, reparación de los daños sufridos, protección, seguridad, información y asistencia social dentro o fuera del hogar mediante programas adecuados, para su recuperación e integración familiar, social y laboral”, precisaron los senadores.

En este sentido, alegaron que “en lo atinente a los agresores, se pretende determinar su responsabilidad por el daño causado, la reparación de sus consecuencias, la sanción por el ilícito cometido y su derivación a programas o tratamientos especializados, a fin de superar las causas que dieron origen a su accionar violento”.