Aunque los dos juzgados de familia en turno (Nº 3 y Nº 5) debieron atender toda la jurisdicción (lo que incluye las ciudades de San Lorenzo, Casilda, Cañada de Gómez, Villa Constitución), las más de 400 denuncias por incidentes de violencia que recibieron marcan una tendencia emergente de una situación social inestable y cuyos protagonistas sufren todo tipo de carencias: desde afectivas hasta materiales y culturales.
   De todas formas, hasta los sectores sociales más acomodados caen en estas situaciones, aunque estén más vinculadas a roces producidos por repartos económicos.
   Frente a ello, el Poder Judicial se vio obligado a crear organismos específicos para responder a las divergencias que surgen en el seno familiar. Conflictos que se ponen de manifiesto con padres o esposos golpeadores, y hasta hijos o nietos que maltratan o someten a su familiar conviviente.
   El abanico es tan diverso que los tres abogados de la Secretaría de Violencia Familiar -uno por juzgado- trabajan a destajo para tomar medidas en cuestión de horas. Y como la trama de las historias es compleja y encierra múltiples motivaciones, hacen también un trabajo interdisciplinario con médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales.
   "Generalmente llegan personas de escasos recursos que no tienen para pagar un abogado. Tomamos el caso y lo primero que evaluamos es si hay algún riesgo para la vida o la salud de la víctima. El trabajo lo hacemos siempre en coordinación con las defensorías oficiales y el Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos Sexuales de la policía", explicó Mariana Velasco, asesora del Juzgado de Familia Nº 5.
   Desde diciembre de 2008 a fines de 2009, un solo juzgado de familia recibió 3.902 causas, de las cuales 840 fueron por violencia, ya sea sometimiento físico o psicológico. "Esa cifra es idéntica para los otros dos tribunales, donde se presentan alrededor de un 30 por ciento de situaciones de agresión", explicó Laura Portero, también abogada de la secretaría.
   Y agregó que "como primera víctima se observa a las mujeres", pero se va notando también mucho maltrato "hacia la línea parental ascendente: de hijos o nietos hacia padres o abuelos, respectivamente", subrayó.
   Una consecuencia directa de esos incidentes se hace evidente cuando hay que definir quién se queda en la casa, ya que para prevenir una escalada de violencia que puede derivar en hechos graves, se ordena la prohibición de acercamiento o exclusión del hogar del agresor.
   "A raíz de estas decisiones advertimos muchos problemas de vivienda. Sobre todo en los sectores más desprotegidos. Nadie quiere dejar la casa y a veces se complica, porque son casillas asentadas en terrenos fiscales", graficó Velasco. La visión de este problema es compartida por las defensoras oficiales (ver aparte).
   Tanto Portero como Velasco coinciden en que la violencia se da en personas "que están casadas, en concubinato o en parejas homosexuales". Y ambas pusieron a los adultos mayores, mujeres y niños "como la franja más vulnerable" a la hora de identificar las víctimas de violencia familiar.