Si bien los redactores del anteproyecto nos merecen el mayor respeto por su trayectoria académica y desempeño en sus funciones, esperábamos una convocatoria institucional a las entidades representativas. Sin embargo, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que congrega 80 colegios, realizó una junta extraordinaria de análisis del anteproyecto, en la que se obtuvieron importantes conclusiones.

Rescatamos la mejora en la organización y la distribución de los temas, lo que simplifica y agiliza la consulta; es de destacar también la técnica de redacción de cada artículo. En materia de fondo, saludamos que en esta reforma se deje en claro desde el principio (artículos 1, 2 y 3) que el derecho privado argentino debe ser interpretado desde la normativa constitucional y desde el derecho internacional, merced a los tratados suscriptos por nuestro país en materia de derechos humanos. Esto produce un cambio paradigmático sustancial, que implica pasar de la concepción decimonónica del derecho interno a la visión del Estado Constitucional de Derecho, acorde con las exigencias constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. También nos parece apropiada la adopción de nueva terminología en el texto para identificar instituciones tales como la enfermedad mental por demencia o los convivientes por concubinato.

Pero debemos ser críticos con lo que, desde la abogacía, consideramos un excesivo requerimiento de escritura pública para actos que no ameritan tal tratamiento y máxime cuando la misma norma requiere una posterior homologación judicial; ello no sólo hace más engorroso el trámite, sino también más oneroso para el ciudadano, por ejemplo en el caso de la designación de tutor judicial.

Esto nos lleva a señalar la disminución de competencias propias de los abogados, un dato que no es menor, porque conlleva que el derecho de defensa, pilar fundamental del Estado de Derecho, se vea menoscabado.

Dicho esto, reclamamos un espacio de participación y debate durante el tratamiento legislativo de la reforma, en la inteligencia de que serán los más de 200.000 abogados y abogadas argentinos quienes deberán dar cumplimiento al Código y representar a sus clientes en este nuevo contexto.

En tal sentido, en un documento que firmamos junto con otras organizaciones decíamos a los legisladores que si bien el análisis legislativo de la reforma propuesta no debe extenderse indefinidamente en el tiempo, "no es conveniente, sin embargo, retacear plazo alguno para optimizar, mejorar y corregir omisiones involuntarias e incluso cuestiones semánticas que no son menores".