La necesidad de cubrir de inmediato más de 40 vacantes en juzgados de la provincia, y el hecho de que el 30 por ciento de los jueces estén en condiciones de jubilarse, lo cual podría empeorar la situación actual, preocupan tanto a los abogados como a los funcionarios del Ejecutivo. Es consenso que la celeridad en las designación es un objetivo tan esencial como la transparencia y la idoneidad del futuro magistrado.

El panel estuvo integrado por el secretario de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura de Santa Fe, Roberto Vicente; el ex presidente del Consejo, Gustavo Vera; el ex presidente de la comisión de Selección de la Magistratura de la Nación, Eduardo Orio, y los miembros del Colegio de Abogados Tristán García Montaño y César Grau. La presentación del panel estuvo a cargo del titular del Colegio de Rosario, Arturo Araujo, y la especialista de la entidad, Rita Portiero.

En diálogo con LaCapital, Vicente consideró que el Consejo fue reformado "de manera radical, tanto el sistema como la composición del cuerpo". Anticipó que a fin de mes se realizarán los primeros sorteos de jurados para los cuerpos evaluadores, quienes se abocarán a las tareas de cubrir vacantes en juzgados de Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe, y luego para las otras circunscripciones.

Vicente indicó que por el momento son 42 las vacantes, aunque conjeturó que "este año habrá algunas más a causa de la jubilación de varios jueces". Actualmente -según fuentes judiciales- el 30 por ciento de los magistrados están en edad de retirarse, pero el funcionario descartó que ese proceso sea inmediato. "No será tan conflictivo como algunos piensan", vaticinó.

El secretario de Justicia señaló que "el sistema anterior se encontraba con conflictos y en crisis" por lo cual el nuevo gobierno se propuso "mejorar la transparencia, celeridad, excelencia y garantías" en la selección de jueces. Destacó del nuevo sistema "la participación ciudadana y el mecanismo de regionalización". El funcionarios estimó que la designación de un juez demandará unos cien días. Admitió que "todos los cambios parecen traumáticos, pero todos van a ir racionalizando la información", confió.

No obstante el acuerdo en líneas generales, los abogados hacen una serie de observaciones. Araujo criticó "la escasa relevancia de la participación de los Colegios, la exclusión de las facultades privadas -sólo están representadas las universidades nacionales- y que se hayan dejado sin efecto los trámites concursales que se habían iniciado bajo el anterior régimen. Además, ve como negativa la exclusión de los Colegios para participar en las designaciones de su propia jurisdicción. Araujo indicó que esos cuestionamientos fueron elevados al Poder Ejecutivo, que se comprometió a considerarlos una vez que el nuevo sistema vaya acumulando millaje.

En cambio, Araujo celebró del nuevo sistema "la participación de las facultades de derecho, la reducción de la intervención del Poder Judicial y la ingerencia del Ministerio de Justicia, y la instancia de entrevista". Señaló que la necesidad de cubrir las vacantes "es una preocupación muy seria", sobre todo "en las salas civiles y comerciales". Expresó el deseo de que "se apuren los trámites ya que antes desde que se producía una vacante hasta que se cubría pasaba un año", una situación que podría agravarse si muchos de los jueces y camaristas en condiciones de hacerlo deciden jubilarse. l