El magistrado ha rechazado la recusación y suspendido la declaración del ex presidente. El juez Norberto Oyarbide accedió a cancelar la audiencia hasta tanto la Cámara Federal, un tribunal superior, decida si admite o no la petición de recusación de la defensa de Menem.
Si la Cámara Federal acepta la petición de Oyarbide la causa pasaría a otro juez, pero si lo rechaza volverá a sus manos. “Nunca se ha observado en una causa judicial tanto atropello al derecho de una de las partes, generado por la influencia del Poder Ejecutivo”, dice el escrito que el abogado de Menem, Alejandro Novak, presentó al magistrado Norberto Oyarbide.
Además de solicitar al juez que se aparte de la investigación, el letrado reclamó la suspensión de la audiencia prevista para el jueves, según informaron fuentes judiciales. Menem, que gobernó Argentina entre 1989 y 1999, vive desde hace varios meses en Chile, desde donde ayer aseguró que se presentará ante la justicia de su país “cuando haya garantías suficientes”.
El ex presidente, que hace unos días solicitó visado de residencia temporal en la nación vecina, sostuvo que en Argentina “están desarticulando el Poder Judicial y hay jueces presionados de forma impresionante por el Ejecutivo”. Menem no compareció el pasado 23 de marzo ante Oyarbide, quien le procesó y bloqueó todos sus bienes por ocultar al Fisco unos 600.000 dólares depositados en un banco suizo.
Ese mismo día el juez volvió a citarle para mañana bajo apercibimiento de declararlo “en rebeldía” y advirtió que en caso de que no acuda a la audiencia puede dictar una orden de captura internacional en su contra.
El ex gobernante, de 73 años, reside en Santiago de Chile junto a su esposa, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, y el hijo de ambos, Máximo Saúl. Además de alegar inocencia en las causas judiciales que afronta en su país, Menem ha utilizado la fractura que sufrió en uno de sus brazos mientras jugaba al golf, según asegura, como argumento para negarse a acudir a los tribunales de Buenos Aires.
El ex mandatario también es investigado por el presunto pago de sobornos y fraude al Estado en la adjudicación de las obras de construcción de dos cárceles durante su gobierno, una causa por la que fue citado a declarar el próximo 13 de abril.
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