Según unos, entre el santacruceño y el líder bolivariano existe -más allá de sus inocultables similitudes- una diferencia que resulta abismal, a poco de comparar no tanto dos dos gobiernos sino las dos sociedades.
La conclusión a la cual arriban es que, malgrado los pujos hegemónicos de ambos caudillos, hay cosas que pueden hacerse en Venezuela y no entre nosotros.
Allí, en una palabra, es posible expropiar empresas, clausurar diarios opositores, encarcelar a determinados líderes contrarios al socialismo del siglo XXI, quitarle la licencia a las radios y teledifusoras desafectas a Chavez y montar, si acaso resultase necesario, un fraude electoral.
Todo lo cual pudo hacerlo acá, Juan Domingo Perón, en la pasada década del cincuenta, sin demasiados inconvenientes. Hoy ello no sería pensable siquiera, por degradadas que se encuentren nuestras instituciones.
Según otros, es sólo cuestión de tiempo para que Néstor Kirchner ingrese de lleno al pelotón integrado por Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega. Quienes piensan así aducen que, en caso de triunfar el Frente para la Victoria en las próximas elecciones presidenciales de octubre de 2011, el político patagónico no tendría empacho ni límites en punto a institucionalizar un manejo tan despótico como el del jefe de la autodenominada revolución bolivariana.
Por fin, una tercera línea interpretativa pone el énfasis en la existencia, en estas
playas, de distintos partidos opositores que, más allá de sus desajustes, poseen un peso especifico que no es dable encontrar en el país caribeño.
Por eso mismo, dicen, las posibilidades de que el kirchnerismo termine arrasando a sus opugnadores y controlando a voluntad el Congreso y la justicia, a semejanza de cuanto ha hecho Chávez -entre otras razones, por la incapacidad de sus adversarios- son remotas.
Demás está decir que la discusión no es, ni mucho menos, patrimonio exclusivo de quienes se hallan en las antípodas del venezolano y del matrimonio gobernante argentino.
La intelectualidad progresista que se ha encolumnado con armas y bagajes detrás de las políticas de la Casa Rosada también ha dicho lo suyo. Claro que en su caso no hay preocupación ninguna acerca del parentesco ideológico entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Lo que horroriza a sus adversarios, al progresismo nativo lo entusiasma. Para quienes se congregan, por ejemplo, en torno de Carta Abierta, las coincidencias son amplias y sería deseable que en un futuro no muy lejano se forjara un verdadero eje Caracas-Buenos Aires.
Como quiera que sea, el debate trasparenta dos maneras de ver y de juzgar el
desenvolvimiento de un régimen democrático que, a la larga, abre una brecha inmensa en la sociedad, situando en veredas opuestas a quienes defienden una democracia asociada a la esencia republicana y a quienes acentúan los valores plebiscitarios de aquélla en detrimento del estado de derecho. Al propio tiempo, el debate no tiene nada de bizantino. No se polemiza sobre el sexo de los ángeles sino acerca del poder y de su ejercicio.
Néstor Kirchner desearía ser como Hugo Chávez pero se topa a diario con obstáculos, frenos y contrapoderes de distinta índole que le ponen límites infranqueables a una manera de gobernar -la del santacruceño, se entiende- poco dada a dialogar, a hallar consensos y a aceptar las derrotas. En esta semana, precisamente, ha quedado en evidencia esto último de manera superlativa.
Las críticas que al ex-fiscal Julio Cesar Strassera le enderezó -con su habitual chabacanería- Aníbal Fernández, unidas a las andanadas de Amado Boudou lanzadas contra la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y a las presiones que desde las más altas esferas del oficialismo se han llevado sobre algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, son todos movimientos que responden a una misma estrategia general: tratar de dominar, por las buenas o por las malas, a unos jueces que se le han escapado de las manos al gobierno.
Veamos. Una elección reciente, en la cual el candidato de la oposición al kirchnerismo,
Alejandro Fargosi, venció con amplitud al del gobierno, Jorge Rizzo, le quitó a los K el representante de los abogados porteños en el vital Consejo de la Magistratura. No sólo eso.
El miércoles 15 de este mes las urnas se abrirán otra vez para que voten los jueces nacionales y federales -que renuevan 3 representantes- y el martes 21 le tocará el turno a los abogados del interior del país. Lo más seguro es que en estas dos elecciones se repitan los resultados de los comicios que le dieron la victoria a Fargossi.
Si fuese así, el retroceso del gobierno en el Consejo de la Magistratura sería un hecho. Los cambios en el organismo mencionado, que tiene la potestad de nombrar y destituir a los jueces, nada menos, pueden ser leves o dramáticos, pero difícilmente el kirchnerismo vuelva a tener, en ese ámbito, el poder para hacer y deshacer a gusto y gana, que monopolizó desde 2003.
Si la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura corre serios riesgos, el problema más agudo el gobierno lo tiene con la Corte. Durante el curso de esta semana o, quizá, en los primeros días de la próxima, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, elevará, en recurso extraordinario, una apelación ante la Corte con el propósito de reestablecer la intervención del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en la empresa Papel Prensa.
Con lo cual el supremo tribunal de justicia tendrá que tomar dos decisiones claves: por un lado, acerca de la intervención del Estado en la empresa de papel, cuyos socios mayoritarios son Clarín y La Nación y, por el otro, sobre la vigencia o no del artículo 161 de la ley de medios audiovisuales.
Es vox populi que, en este segundo caso, habría seis votos inclinados a mantener, como hasta ahora, la suspensión del ya famoso artículo que obliga a los multimedios -y, de manera especial, al de la señora de Noble y de Héctor Magnetto- a desprenderse de alguna de sus empresas en un año. Sólo Raúl Zaffaroni, según las versiones conocidas, sería partidario de dejar sin efecto esa suspensión.
A medida, pues, que el kirchnerismo redobla la apuesta en todos los frentes, buena parte de las cuestiones que se hallan en juego van a parar a los tribunales. Un breve listado nos eximirá de mayores comentarios: Fibertel, Papel Prensa, ley de medios audiovisuales y Cablevisión. Todos, por supuesto, tienen un denominador común: Clarín; y en todos, por esta misma razón, la Casa Rosada pone en discusión no sólo su poder sino también su autoridad.
Ahora bien, las reacciones que frente a los fallos adversos de la Cámara de Apelaciones y de la justicia en general ha tenido el kirchnerismo, rozaron la histeria. Cualquier poder que se sintiera seguro de sí mismo no actuaría como Cristina Fernández en la -por momentos patética- presentación que hizo del caso Papel Prensa; evitaría, en la medida de lo posible, exabruptos como los de un ministro de Economía, que nada sabe de derecho, retando a unos camaristas del fuero comercial; y, ciertamente, trataría de atemperar los improperios que, a diestra y siniestra, lanza su jefe de gabinete.
Lo que salta a la vista en las distintas actuaciones a las que hicimos referencia mas arriba, no es la fortaleza del gobierno sino su nerviosismo. Se puede ser locuaz y hasta se puede ser impertinente, pero hay formas y hay momentos que siempre deben respetarse.
Cuando en lugar de enhebrar ideas con el objeto de responder los argumentos del contrario y convencer al gran público que poco y nada entiende de esos asuntos, se opta por el agravio descomedido, lo que queda en evidencia, tratándose del gobierno nacional, no es el mal genio de sus cabezas o la falta de educación de su jefe de gabinete, sino el desborde de quienes día tras día, sin solución de continuidad, pierden parte del poder que detentan y no saben como vertebrar una estrategia para recuperarlo. Hasta la próxima semana.