Cinco años de trabajo, treinta cuerpos de expedientes, un juez apartado, amenazas, conjueces excusados y recusados. Estos fueron apenas algunos de los eslabones que conformaron una larga cadena investigativa que el martes tuyo un momento clave, cuando el conjuez Leandro Corti resolvió elevar a juicio la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe y zona de influencia durante la pasada dictadura.

Para pasarlo en limpio, esta decisión implica que el proceso investigativo está terminado y que, ahora, tres jueces deberán evaluar las pruebas y escuchar a las partes para determinar si existen o no culpables.

Entre estos delitos aparecen las figuras de torturas y privación ilegítima de la libertad -el delito de asociación ilícita fue “desacumulado” y exigirá una investigación paralela-. La elevación a juicio abarca a María Eva Aebi, Domingo Marcelini, Víctor Brusa, Eduardo Ramos, Héctor Colombini, Mario Facino y Juan Perizotti. Por su parte, Nicolás Correa falleció el año pasado, mientras que Juan Carlos Rolón deberá ser nuevamente indagado.

El paso dado este martes fue importante. Sin embargo, vale adelantar que el camino por venir continuará plagado de marchas y contramarchas, por lo que resultaría al menos aventurado -y poco realista- creer que los tiempos se acelerarán y que pronto se conocerá la sentencia del Tribunal Oral Federal.

Y es que todo indica que difícilmente alguno de los tres miembros de este Tribunal, -integrado por los jueces Ramiro Puyol, José María Escobar Cello y María Ivón Vella- esté en condiciones efectivas de participar en el juicio.

En el caso de Puyol, tiene un familiar muy cercano desaparecido durante el proceso militar. Por ese motivo, lo más probable es que el juez se excuse de participar en el juicio o que, de lo contrario, la defensa de los imputados presente una recusación para que se aparte.

Fuentes vinculadas con los querellantes dejaron entrever que también existen elementos como para recusar a Escobar Cello, por su labor en la Justicia durante los años investigados, y a María Ivón Vella, por su relación laboral con el ex juez federal, Víctor Brusa.

No resulta sencillo encontrar en la Justicia Federal local a funcionarios que no hayan tenido vínculos con Brusa, quien durante años se desempeñó como juez en dicho fuero. Incluso, Vella ya se habría excusado en el pasado cuando actuaba como fiscal en el Juzgado Federal 2 y le tocó intervenir en la causa por ausencia de la fiscal N° 1.

Si efectivamente estas excusaciones o recusaciones se producen, habrá que conformar entonces un nuevo tribunal. Esto implicará sorteos a partir de una lista de abogados inscriptos para tal fin, los que a su vez podrán ser también recusados o tendrán la posibilidad de no aceptar la responsabilidad si la consideran inconveniente.

La experiencia en este sentido demuestra lo difícil que resulta en Santa Fe encontrar abogados en condiciones de trabajar en este tipo de causas. De hecho, el proceso para dar con un profesional que reemplazara al juez original del caso, Reinaldo Rodríguez, estuvo plagado de contratiempos.

Libres o detenidos

La elevación a juicio de la causa tampoco tendría una insidencia directa sobre la situación de los detenidos -Aebi se encuentra en la Guardia de Infantería Reforzada; Ramos, en la Agrupación Cuerpos de Bomberos; Facino, Perizzotti y Marcellini están detenidos en sus domicilios; mientras Brusa permanece en un sanatorio privado por problemas de salud-.

Según la ley 24.390, cualquier persona puede estar bajo prisión preventiva y sin condena hasta dos años. A su vez, el juez tiene la posibilidad de prolongar dicho plazo por un año más.

Este plazo máximo de tres años se cumple para los detenidos en esta causa durante la primera quincena de febrero. Los plazos corren, más allá de que el caso haya sido elevado a juicio por el conjuez Corti.

Sin embargo, y aunque los plazos legales se extingan, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que flexibiliza dichos términos atendiendo a la complejidad de causas como ésta.

En definitiva, todo indica que el futuro inmediato de la "causa Brusa” será tan intrincado como lo fue todo este proceso que se inició el 14 de agosto de 2002, cuando el juez Rodríguez declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final.

El camino que resta transitar seguramente será largo y en el horizonte se avizoran nuevos obstáculos que dilatarán los tiempos.

Se sabe, claro está, cuándo se inició esta investigación. Lo que nadie está en condiciones de adelantar, es cuándo habrá una sentencia.