Dos rugbiers denunciados por desfigurar a golpes a dos jóvenes están a punto de zafar de la acusación mediante una suerte de “probation paga” que el querellante denuncia como “compraventa”. No fue noticia, dice el abogado, porque -por suerte- no murió nadie. Pero no pasó en un pub de la Capital o en Ferrugem, sino en Concepción del Uruguay. En el Día del Amigo de 2003 dos jóvenes que participaban de “la movida” de la madrugada en un pub de moda sobre calle Galarza, terminaron desfigurados a golpes y cortaduras; ambos, asegura el abogado querellante, podrían haber perdido la vida del modo en que se la quitaron a Ariel Malvino. El abogado defensor de los agresores asegura que se trata de “una causa armada” y “lo único que se persigue es la búsqueda del vil dinero”. En este informe, los detalles de la causa y la opinión de los abogados de víctimas y agresores.

Según Gustavo Soppelsa, que representa a los golpeados, como no pasó lo de Ferrugem, no hubo crónica periodística sobre el tema. Pero, advierte el profesional, se corre el riesgo de que tampoco haya justicia, porque el fiscal de Cámara, Diego Young, parece dispuesto a aceptar una “probation”, y a que los acusados de lesiones graves abonen sus culpas con módicas sumas de dinero. “En castellano, que es más fácil desfigurar y obtener financiación por ello que comprar una heladera en Garbarino”, dice el abogado de los jóvenes golpeados.

Las víctimas de la brutal golpiza son José Rodolfo Forclaz y Alberto V. Schmidt. La causa lleva el número de expediente 4351/I, Fº 373, Lº 3, caratulado “Ledesma, Ernesto Esteban; Bordoy, Daniel Horacio-Lesiones Leves y Lesiones Graves Dolosas”, y se tramita ante el Juzgado Correccional de Concepción del Uruguay a cargo del Dr. Juan Jorge Blanc.

El abogado que representa a los procesados, Carlos Máximo Acosta, dijo a este semanario por su parte, que se trata de “una causa armada” y “lo único que se persigue es la búsqueda del vil dinero”.

LEYENDA Y REALIDAD

Forma parte de las leyendas urbanas de Concepción del Uruguay desde hace muchos años: jóvenes, y no tanto, cultores de deportes físicos “de contacto”, como el rugby, consumidores de esteroides, fanáticos de gimnasios, cuya diversión nocturna concluye con una buena paliza a ocasionales adversarios, amplísima categoría en la que podría llegar a entrar cualquiera, por el simple hecho de cruzarse en su camino. Mito o no, lugar común o desgraciada realidad, no han sido numerosos los casos de este tipo que se procesen en la justicia.

En el que nos ocupa, el episodio no es muy conocido, y los motivos no parecen distintos a los que marcan los observadores del ámbito donde se movían los asesinos de Ferrugem en sus comarcas provincianas, según asegura el abogado Gustavo Soppelsa en una columna de opinión publicada la semana pasada en Miércoles Digital . Allí el abogado manifestó su preocupación por que la causa en la que actúa termine de un modo que considera escandaloso: “La trama en estas hipótesis mixtura, en un turbio cóctel, complicidad sectaria, mutismo casi mafioso de ciertos círculos comerciales, e impunidad largamente construida con amistades de responsables ‘periodísticos’, que son -o eran- casi amigos de un clan antes que eslabones de empresas informativas”.

Los jóvenes golpeados, Forclaz y Schmidt, pretenden llegar al debate plenario, y que en juicio oral se definan las responsabilidades de los dos agresores. Sus familiares sólo quieren que el Juez o el Tribunal del plenario los escuchen, que escuchen lo que les hicieron a sus hijos y las consecuencias de lo que les hicieron.

Para Acosta, en cambio, no se trata “de una causa tan grave como la trata de elucubrar el colega, porque si se mira el expediente hubo un simple golpe de puño en un tumulto que nunca se pudo identificar y uno de los supuestos damnificados le salía sangre de la nariz y tenía un corte en un pómulo. Salieron caminando y fueron echados por la seguridad del pub El Riel e inclusive por la Policía de la Provincia de Entre Ríos. Se subieron a una moto Dax 70 y se fueron a su domicilio. Si a todo esto se compara con lo que se dijo, me parece que hay una distancia bastante importante”.

El abogado Soppelsa asegura que la lineal asimilación de determinadas conductas violentas a la práctica de un tipo de deporte es “simplista”, pero sin embargo entiende que “hay que prestar atención: algunas cosas no son azarosas, y probablemente más que la disciplina competitiva en sí se mezclen otros ingredientes para que se precipiten estos resultados”.

El abogado Acosta es un ex rugbier. Dice no tener “el nivel en lo penal y en lo jurídico que tiene mi colega Soppelsa”, pero sí haber estado ” 26 años jugando y vinculado al rugby. Sé como opera todo esto. Es uno de los tantos mitos que hay”, asegura.

LESIONES GRAVES

Los agresores fueron procesados por lesiones graves, pero el querellante adelantó que en el plenario insistirá con “lesiones graves calificadas”: Schmidt fue agredido con una botella “que, si se hubiera incrustado en su cuello en vez de hacerlo en su frente, hubiera impedido que hoy estuviese vivo para contarlo delante del Juez”.

Soppelsa agrega que los testimonios directos son irrefutables: “Una de los personas que libró a las víctimas de la furia criminal de estos ‘amantes de la convivencia en familia’, como dice su defensor, declaró que el atacante al que detuvo ‘lo estaba matando al muchachito’. Los agredidos estaban en el suelo, caídos, sin posibilidad de defenderse. La paliza seguía. Lo único que medió para evitar que el episodio terminara como en Ferrugem fue que alguien movido por la piedad alcanzó a aferrar a quien lo estaba destrozando. Nada más”.

El procesamiento de los atacantes fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de Gualeguay. Luego de eso, la defensa pidió la ‘probation’, e insólitamente, el fiscal Young, editorialista del tradicional diario La Calle, donde habitualmente exige mano dura para los delincuentes, benévolamente aceptó el escrito, en el que no existe -de acuerdo a lo asegurado por la querella- “el menor asomo de arrepentimiento” por la brutal agresión, es decir que sólo tiene como objeto parar la segura condena, con el pago de 250 pesos por mes.

Acosta contesta: “Ellos piden un resarcimiento económico. Se han constituido en querellante particular para pedir dinero. Se hizo un ofrecimiento en dinero que no implica en absoluto el reconocimiento de que se haya causado algún tipo de daño. Pero por pedido puntual de mis clientes, que son muchachos de estudio y de trabajo y que actualmente no practican el deporte, están dispuestos a pagar en cuotas, de hecho se hizo un ofrecimiento que consideramos sobradamente suficiente y que ronda los dos mil pesos. Uno de mis defendidos trabaja y estudia en la UTN, y ahí cursa una materia con uno de los agredidos”.

Soppelsa insiste: “La familia de las víctimas cree que se está comprando la impunidad. Yo también lo creo. Esa no es la finalidad que tuvo la inclusión del art. 76 bis en el Código Penal”, donde se consagra la llamada ‘probation’, es decir, la suspensión del juicio a prueba.

Fuente: www.miercolesdigital.com.ar