El gobierno de la provincia lleva adelante una carrera contra reloj para implementar de manera definitiva y total el nuevo sistema procesal penal, que implica la oralidad de los procedimientos y roles protagónicos para fiscales, defensores y víctimas querellantes, con un tribunal imparcial que se limita a escuchar a las partes y resolver. Pero además de las dificultades que entraña llegar al 1º de febrero en condiciones de dar el salto definitivo, todavía queda establecer de qué manera atender el cúmulo de causas que quedarán pendientes -que, según la estimación preliminar de la Corte, serán una 400 mil- y el progresivo traspaso de recursos humanos desde esa área residual a la atención de los nuevos casos.

En diálogo con El Litoral, el ministro de Justicia, Héctor Superti, si bien admitió que "tenemos que superar importantes dificultades", comenzó por enumerar los avances: "Además de tener aprobadas las cuatro leyes fundamentales, se han puesto en marcha los concursos para cubrir los cargos directivos de los dos órganos que se crean: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal, claves en la construcción del nuevo modelo acusatorio y adversarial.

-¿Cómo van a ser estos concursos?

-Públicos, de antecedentes y oposición. Y la materia va a ser un plan de trabajo, elaborado en función a las tareas que la ley asigna, y al que tendrán que defender ante un tribunal.

-Y que, de alguna manera, compromete su acción futura…

-La idea es que eso sea como una plataforma, defendida públicamente ante un tribunal muy calificado y ante la ciudadanía, que podrá también hacer preguntas. A estos organismos le hemos dado la impronta que marca el Art. 1 de la Constitución de la Provincia, en cuanto a que las instituciones que se organicen tienen que ser fundamentalmente democráticas y republicanas.

-Hay cuestionamientos por el hecho de que los fiscales y defensores provinciales y regionales no tendrán estabilidad.

-Solamente esos funcionarios, los de más alto rango y perfil. Justamente, por imperio del criterio republicano, aplicamos la periodicidad en el cargo, la publicidad de los actos de gobierno, la participación ciudadana, la responsabilidad funcional por lo que uno promete y luego debe hacer. Todo eso hace tanto a la esencia de una democracia participativa, como de un sistema republicano. Abrigamos la fuerte esperanza de que de estos concursos surjan los mejores candidatos. De las ternas que luego eleven los jurados, el gobernador debe seleccionar y pedir acuerdo a la Legislatura.

Los nuevos jueces

-Este es el esquema que se completa con la reformulación de los tribunales penales.

-Claro. Los jueces van a dejar de trabajar de manera feudal, con un territorio, una población -que son los empleados-, con bienes de cada juzgado, y van a pasar a actuar por colegio. Va a haber una oficina de gestión judicial en cada tribunal que se va a encargar de todo el soporte administrativo, cuyo responsable no puede ser abogado, sino un experto en administración o ingeniero en sistemas. Y los jueces se van a dedicar a trabajar de jueces, presenciando las audiencias, respondiendo con resoluciones a lo que allí se plantea y con un modo rotativo -un año le puede tocar instrucción, otro año ejecución, otro año sentencia- y con tribunales colegiados que también rotarán sus integrantes.

-¿Cuándo van a empezar a llamar a concurso para jueces?

-Hasta ahora estuvimos cubriendo las vacancias con el banco de suplentes, con la idea de que quienes concursen a partir de ahora ya lo hagan para un cargo actual, pero en condiciones de pasar después al nuevo sistema, como lo permite la ley de implementación. Esto requiere previamente -y como requisito- un curso, que se acaba de dictar en Santa Fe y Rosario, y después de la feria se hará en Venado Tuerto y Reconquista-Rafaela. Muy pronto vamos a llamar a estos concursos, con la condición para los participantes de que hayan hecho el curso o lo completen durante este año. Y no olvidemos que la ley de implementación nos permite concursar hasta un 25 % más de cargos que las vacantes existentes, por lo cual a medida que se pongan en funcionamiento los nuevos cargos, ya tendríamos los candidatos.

Problemas de la transición

-Ahora viene la parte de las dificultades.

-Bueno, aparte de todo el desgaste administrativo que suponen concursos en todos los niveles, está lo que surge de la transición. Que significa, básicamente, tomar la estructura vigente y dividirla. Esto se hace tomando todas las causas en actividad hasta la fecha de corte, que hoy está fijada en el 1º de febrero -esperemos llegar, ésa es una tarea que nos hemos propuesto, pero que no es simple- y encapsularlas. El nuevo sistema arranca con carga cero, pero a partir de ese día todas las causas ingresan ahí. Entonces, una parte de la estructura se queda para finalizar estas causas, y otra parte pasa al sistema nuevo que, sumado a los cargos recién creados, tiene que conformar una base mínima para arrancar. En la medida en que las causas viejas se vayan cerrando, se van a ir liberando recursos y pasando al sistema nuevo, que va a tener paulatinamente cada vez más causas.

-Funcionaría como un reloj de arena…

-Eso esperamos. Pero es un trabajo que tenemos que hacer organizadamente entre la Corte y el Poder Ejecutivo, y también la Legislatura, porque seguramente algún ajuste normativo va a ser necesario. Con la Corte ya acordamos hacer subcomisiones para el tema edilicio, el tema informático y el traspaso de recursos humanos que, según la ley, es algo que decide la Corte (N. de la R.: Y ya tiene habilitado un registro a tal efecto). Esto es simple de explicar, pero tremendamente complejo. Porque entran a jugar cuestiones constitucionales, administrativas, el consentimiento de los interesados. Si son jueces con acuerdo para el sistema viejo, también van a tener que hacer un curso. Es decir, hay una innumerable cantidad de cuestiones a resolver.

Cambios y articulaciones

-Más allá de algunos chispazos, la articulación con la Corte sufrió algunas demoras…

-A veces los consensos son mejores que la rapidez. Hubo una serie de conversaciones y creo que ya estamos en un terreno donde se puede trabajar sobre estas cuestiones.

-En este marco, ya se propusieron algunas modificaciones legislativas.

-Por ahora, tres. Una para permitir que los actuales integrantes del Poder Judicial, si concursan para cargos directivos en la Acusación o la Defensa y ganan, después que se venza el mandato de seis años conserven el cargo de fiscales o defensores. Esto estaba en el proyecto original para todos los concursantes. La Legislatura lo sacó y nosotros ahora insistimos para la gente del Poder Judicial, porque tenemos miedo de que no haya gente valiosa, que se sienta desalentada de concursar, por el riesgo de perder estabilidad.

El otro proyecto es para pedir que los fiscales y defensores generales y adjuntos que, a propuesta de la Corte, lleguen al nuevo sistema desde un cargo actual en el Poder Judicial, tengan acuerdo automático, sólo por esta primera vez, con el requisito del curso.

El tercero tiene que ver con el rediseño. Como en el nuevo sistema las secretarías de juzgado prácticamente quedan absorbidas por las oficinas de gestión judicial -ahí adentro va a trabajar un secretario fedatario- lo que se prevé es que aquellos secretarios que quieran, puedan pasar a ser fiscales adjuntos o secretarios adjuntos.

-¿Ya están trabajando en alguna otra adecuación normativa?

-Bueno, por ahora es bastante.

Otros ámbitos

Aunque una y otra vez es requerido para hablar sobre la reforma procesal penal, a Superti le interesa dejar en claro que el programa de transformación de la Justicia santafesina es más abarcativo. Y allí apunta dos proyectos de ley que esperan tratamiento en el Senado y a los que considera "muy significativos": la mediación civil previa obligatoria y los tribunales de pequeñas causas.

Para el ministro, estas iniciativas "van a tener una fuerte incidencia, no sólo en aliviar de carga a los tribunales, sino en cuanto a llevar a la gente a la justicia o la justicia a la gente. Estos dos objetivos, mayor capacidad operativa del servicio de justicia y mayor cercanía entre las respuestas del Estado en la solución de conflictos y la ciudadanía, creemos que van a redundar en una mejora en la calidad de vida en términos de convivencia".

El gobierno de la provincia lleva adelante una carrera contra reloj para implementar de manera definitiva y total el nuevo sistema procesal penal, que implica la oralidad de los procedimientos y roles protagónicos para fiscales, defensores y víctimas querellantes, con un tribunal imparcial que se limita a escuchar a las partes y resolver. Pero además de las dificultades que entraña llegar al 1º de febrero en condiciones de dar el salto definitivo, todavía queda establecer de qué manera atender el cúmulo de causas que quedarán pendientes -que, según la estimación preliminar de la Corte, serán una 400 mil- y el progresivo traspaso de recursos humanos desde esa área residual a la atención de los nuevos casos.

En diálogo con El Litoral, el ministro de Justicia, Héctor Superti, si bien admitió que "tenemos que superar importantes dificultades", comenzó por enumerar los avances: "Además de tener aprobadas las cuatro leyes fundamentales, se han puesto en marcha los concursos para cubrir los cargos directivos de los dos órganos que se crean: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal, claves en la construcción del nuevo modelo acusatorio y adversarial.

-¿Cómo van a ser estos concursos?

-Públicos, de antecedentes y oposición. Y la materia va a ser un plan de trabajo, elaborado en función a las tareas que la ley asigna, y al que tendrán que defender ante un tribunal.

-Y que, de alguna manera, compromete su acción futura…

-La idea es que eso sea como una plataforma, defendida públicamente ante un tribunal muy calificado y ante la ciudadanía, que podrá también hacer preguntas. A estos organismos le hemos dado la impronta que marca el Art. 1 de la Constitución de la Provincia, en cuanto a que las instituciones que se organicen tienen que ser fundamentalmente democráticas y republicanas.

-Hay cuestionamientos por el hecho de que los fiscales y defensores provinciales y regionales no tendrán estabilidad.

-Solamente esos funcionarios, los de más alto rango y perfil. Justamente, por imperio del criterio republicano, aplicamos la periodicidad en el cargo, la publicidad de los actos de gobierno, la participación ciudadana, la responsabilidad funcional por lo que uno promete y luego debe hacer. Todo eso hace tanto a la esencia de una democracia participativa, como de un sistema republicano. Abrigamos la fuerte esperanza de que de estos concursos surjan los mejores candidatos. De las ternas que luego eleven los jurados, el gobernador debe seleccionar y pedir acuerdo a la Legislatura.

Los nuevos jueces

-Este es el esquema que se completa con la reformulación de los tribunales penales.

-Claro. Los jueces van a dejar de trabajar de manera feudal, con un territorio, una población -que son los empleados-, con bienes de cada juzgado, y van a pasar a actuar por colegio. Va a haber una oficina de gestión judicial en cada tribunal que se va a encargar de todo el soporte administrativo, cuyo responsable no puede ser abogado, sino un experto en administración o ingeniero en sistemas. Y los jueces se van a dedicar a trabajar de jueces, presenciando las audiencias, respondiendo con resoluciones a lo que allí se plantea y con un modo rotativo -un año le puede tocar instrucción, otro año ejecución, otro año sentencia- y con tribunales colegiados que también rotarán sus integrantes.

-¿Cuándo van a empezar a llamar a concurso para jueces?

-Hasta ahora estuvimos cubriendo las vacancias con el banco de suplentes, con la idea de que quienes concursen a partir de ahora ya lo hagan para un cargo actual, pero en condiciones de pasar después al nuevo sistema, como lo permite la ley de implementación. Esto requiere previamente -y como requisito- un curso, que se acaba de dictar en Santa Fe y Rosario, y después de la feria se hará en Venado Tuerto y Reconquista-Rafaela. Muy pronto vamos a llamar a estos concursos, con la condición para los participantes de que hayan hecho el curso o lo completen durante este año. Y no olvidemos que la ley de implementación nos permite concursar hasta un 25 % más de cargos que las vacantes existentes, por lo cual a medida que se pongan en funcionamiento los nuevos cargos, ya tendríamos los candidatos.

Problemas de la transición

-Ahora viene la parte de las dificultades.

-Bueno, aparte de todo el desgaste administrativo que suponen concursos en todos los niveles, está lo que surge de la transición. Que significa, básicamente, tomar la estructura vigente y dividirla. Esto se hace tomando todas las causas en actividad hasta la fecha de corte, que hoy está fijada en el 1º de febrero -esperemos llegar, ésa es una tarea que nos hemos propuesto, pero que no es simple- y encapsularlas. El nuevo sistema arranca con carga cero, pero a partir de ese día todas las causas ingresan ahí. Entonces, una parte de la estructura se queda para finalizar estas causas, y otra parte pasa al sistema nuevo que, sumado a los cargos recién creados, tiene que conformar una base mínima para arrancar. En la medida en que las causas viejas se vayan cerrando, se van a ir liberando recursos y pasando al sistema nuevo, que va a tener paulatinamente cada vez más causas.

-Funcionaría como un reloj de arena…

-Eso esperamos. Pero es un trabajo que tenemos que hacer organizadamente entre la Corte y el Poder Ejecutivo, y también la Legislatura, porque seguramente algún ajuste normativo va a ser necesario. Con la Corte ya acordamos hacer subcomisiones para el tema edilicio, el tema informático y el traspaso de recursos humanos que, según la ley, es algo que decide la Corte (N. de la R.: Y ya tiene habilitado un registro a tal efecto). Esto es simple de explicar, pero tremendamente complejo. Porque entran a jugar cuestiones constitucionales, administrativas, el consentimiento de los interesados. Si son jueces con acuerdo para el sistema viejo, también van a tener que hacer un curso. Es decir, hay una innumerable cantidad de cuestiones a resolver.

Cambios y articulaciones

-Más allá de algunos chispazos, la articulación con la Corte sufrió algunas demoras…

-A veces los consensos son mejores que la rapidez. Hubo una serie de conversaciones y creo que ya estamos en un terreno donde se puede trabajar sobre estas cuestiones.

-En este marco, ya se propusieron algunas modificaciones legislativas.

-Por ahora, tres. Una para permitir que los actuales integrantes del Poder Judicial, si concursan para cargos directivos en la Acusación o la Defensa y ganan, después que se venza el mandato de seis años conserven el cargo de fiscales o defensores. Esto estaba en el proyecto original para todos los concursantes. La Legislatura lo sacó y nosotros ahora insistimos para la gente del Poder Judicial, porque tenemos miedo de que no haya gente valiosa, que se sienta desalentada de concursar, por el riesgo de perder estabilidad.

El otro proyecto es para pedir que los fiscales y defensores generales y adjuntos que, a propuesta de la Corte, lleguen al nuevo sistema desde un cargo actual en el Poder Judicial, tengan acuerdo automático, sólo por esta primera vez, con el requisito del curso.

El tercero tiene que ver con el rediseño. Como en el nuevo sistema las secretarías de juzgado prácticamente quedan absorbidas por las oficinas de gestión judicial -ahí adentro va a trabajar un secretario fedatario- lo que se prevé es que aquellos secretarios que quieran, puedan pasar a ser fiscales adjuntos o secretarios adjuntos.

-¿Ya están trabajando en alguna otra adecuación normativa?

-Bueno, por ahora es bastante.

Otros ámbitos
Aunque una y otra vez es requerido para hablar sobre la reforma procesal penal, a Superti le interesa dejar en claro que el programa de transformación de la Justicia santafesina es más abarcativo. Y allí apunta dos proyectos de ley que esperan tratamiento en el Senado y a los que considera "muy significativos": la mediación civil previa obligatoria y los tribunales de pequeñas causas.

Para el ministro, estas iniciativas "van a tener una fuerte incidencia, no sólo en aliviar de carga a los tribunales, sino en cuanto a llevar a la gente a la justicia o la justicia a la gente. Estos dos objetivos, mayor capacidad operativa del servicio de justicia y mayor cercanía entre las respuestas del Estado en la solución de conflictos y la ciudadanía, creemos que van a redundar en una mejora en la calidad de vida en términos de convivencia".