Durante la inauguración de la 45ª Convención Notarial, el Ministro Cúneo Libarona expresó su deseo de que los escribanos intervengan en trámites como divorcios y sucesiones, con el objetivo de reducir costos y simplificar procedimientos para el público. Esta propuesta no es nueva; en ocasiones anteriores, el primer borrador de la Ley de Bases había incluido la posibilidad de realizar estos trámites "administrativos" a través de escribanos, pero fue descartada debido a las objeciones de los abogados y sus asociaciones.

La Ley de Bases había planteado un "régimen sobre procesos sucesorios no contenciosos", permitiendo que los procesos sucesorios se tramiten ante un escribano público en ausencia de disputas. Sin embargo, esta propuesta fue excluida del texto definitivo aprobado por el Congreso.

Con las recientes declaraciones del Ministro, la polémica que parecía resuelta ha vuelto a tomar fuerza. En respuesta, el CPACF, bajo la presidencia de Ricardo Gil Lavedra, reafirmó su oposición a la idea de que las sucesiones y divorcios sean manejados por escribanos. De manera similar, la FACA expresó su preocupación, pidiendo "reflexión y prudencia en temas tan delicados que afectan la vida diaria de los argentinos". El Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial del Chaco también respaldó esta postura.

La Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires, presidida por Fabián Gerardo Portillo, se sumó a las críticas, destacando que se oponen firmemente a la propuesta. Portillo afirmó: “Nos oponemos al menosprecio de nuestras competencias profesionales y no permitiremos que se nos arrebaten. Las sucesiones y divorcios, entre otros procedimientos, deben seguir siendo parte de nuestras competencias para garantizar la seguridad jurídica necesaria para estos actos.”

Reflexión Final: La propuesta de trasladar ciertos trámites legales a los escribanos en lugar de abogados plantea una cuestión crucial sobre el equilibrio entre accesibilidad y seguridad jurídica. Mientras que la simplificación de procesos puede beneficiar a muchos, es fundamental no comprometer la calidad y la precisión legal que los abogados aportan a estos procedimientos. Es imperativo encontrar un punto de equilibrio que garantice la eficiencia sin sacrificar la protección de los derechos y la justicia.