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Rehusaron hablar los 9 acusados de ser una red narco en el sur provincial

Fue la primera audiencia de un juicio seguido contra un grupo al que la jueza Laura Cosidoy denunció por tener cobertura policial y en el que ayer estuvo como testigo el subjefe de la Unidad Regional II, Daniel Giménez. La situación para los implicados se alivió al no prosperar un pedido efectuado por la Fiscalía para que se agregara el delito de asociación ilícita al de comercialización de estupefacientes. Algo rechazado por el presidente del Tribunal Oral Nº1, Roberto Manuel López Arango, quien es secundado por las conjueza Lilia Graciela Carnero y María Irene Vedia.

El grupo. Además de Balbi, como presunto líder de los narcos, y de Comadreja Colazzo, como dueño de un "quiosco", están en el banquillo Abel Ramos, Rodolfo Villafañe, Omar Abrigo, Pedro Aguilar, Carlos Galván y Nélida Castro, que llegaron en libertad a las audiencias.
   El noveno imputado, Antonio Tomás García, está detenido en la cárcel de Devoto y recién hoy estará frente a los jueces. Tras la negativa de los acusados de declarar comenzaron a desfilar los primeros testigos, tres civiles y cinco policías. Se prevé que serán en total más de 50 las personas que contarán lo que sepan sobre el procedimiento antidrogas que se realizó en forma simultánea el 25 de noviembre de 2007 en siete viviendas de Villa Constitución.
   En los operativos la policía secuestró algo más de 2,5 kilos de cocaína lista y fraccionada para la venta, varias armas de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo, proyectiles y otros elementos que sirvieron para instruir la causa.
   El debate se inició con la lectura de la elevación a juicio, que estuvo a cargo del secretario del tribunal, Germán Sutter Schneider. La fiscal del juicio, Adriana Saccone, solicitó ampliar la calificación penal por lo que llegaron al proceso oral y consideró que también deberían ser juzgados por la figura de asociación ilícita ya que, según consideró, participaron más de tres personas en los delitos atribuidos.
   Entonces, el presidente del tribunal, Roberto Arango, les pidió a los abogados defensores de los imputados que se pronunciaran sobre la cuestión y todos los letrados rechazaron la pretensión de la fiscal. La misma decisión adoptaron los jueces luego de un breve intermedio ya que consideraron que era improcedente.
   Para imputar a Balbi, durante la instrucción el fiscal Mario Gambacorta había valorado que, en el momento de la detención, tenía depositados cien mil pesos en una caja de ahorro, que, según sostuvo, no podía justificar. Curiosamente, ayer les dijo a los jueces que se gana la vida como carnicero. En la casa de Balbi la policía secuestró 350 gramos de cocaína, una balanza de precisión, dos celulares, una pistola 9 milímetros con su numeración limada y 14 proyectiles, un revólver 38 largo con seis balas y 10 mil pesos en billetes de baja denominación.
   A Ramos, Villafañe y Abrigo les incautaron 98 bochitas de cocaína y un revólver 38 largo. Aguilar tenía medio kilo de droga, un revólver 32 y dos celulares. A su vez, a Galván le encontraron 304 bochitas de cocaína, un revólver 32 largo y 1.400 pesos. En la casa de García hallaron una escopeta calibre 16 y tres celulares y Castro sólo tenía siete teléfonos celulares.

Testigo a la fuerza. Entre los primeros que declararon ayer estuvieron dos muchachos que fueron convocados como testigos del procedimiento policial en la casa de Balbi. Uno de ellos terminó por admitir que acompañaba a un amigo a comprar droga cuando se toparon con un patrullero en el lugar. "Me apuntaron con una itaka, me pusieron contra la pared y me dijeron que tenía que salir como testigo. Mi amigo se puso como loco porque se lo querían llevar preso", declaró uno de los muchachos un poco nervioso ante la insistencia de la fiscal Saccone que había detectado una contradicción en su declaración policial. "Quédese tranquilo. Usted está aquí como testigo, no se lo acusa de nada", lo calmó el presidente del tribunal.
   Luego de los civiles, llegó el turno de los policías. El primero fue actual subjefe de la Unidad Regional II, el comisario inspector Daniel Giménez, quien en aquella época era funcionario de la Delegación Sur de la Dirección de Asuntos Internos y a la vez encargado de la primera parte de la investigación previa a los allanamientos. "Iniciamos la investigación sobre Balbi y Colazzo apartir de un mail que se recibió en Santa Fe en el que se describía la actividad de esas personas y de la relación que tenían con personal policia. l".
   -¿ Qué pudieron establecer en la investigación?, le preguntaron desde el tribunal.
   "Colazzo y Balbi tenían relación con conductas sospechosas con infracción a la Ley de drogas. Todo eso fue volcado al expediente judicial con conocimiento del fiscal federal de aquella época. Lo que no pudimos determinar fue la connivencia con policías de la Brigada Operativa de Drogas de Villa Constitución. Luego de Giménez, declaró la inspectora Silvina Pais, de la misma repartición.

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