Luego de un largo peregrinar para acceder a copias de los convenios y actas del directorio del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) que comprometen el patrimonio público e implican decisiones altamente millonarias, la Justicia entregó la información solicitada por el legislador rosarino Marcelo Gastaldi.
Es oportuno recordar que Gastaldi presentó un recurso de amparo sobre acceso a la información pública y su correspondiente cautelar, ya que desde el directorio del Enapro se negaron sistemáticamente a brindarle la documentación correspondiente fundamentando que "momentáneamente, evacuar favorablemente la petición formulada resultaría potencialmente lesivo al trámite y resultado de la negociación en curso con los distintos actores involucrados". Sin embargo desde aquel momento a la fecha, nada se ha modificado objetivamente en lo que se dio en llamar Proyecto de Reconversión del Puerto de Rosario, más bien se ha visto agravado por la toma pacífica del edificio que ocupa el propio directorio.
"Es vergonzoso que nos obligaran a recurrir a la Justicia para tener acceso a información que es pública como convenios con los distintos concesionarios y actas de directorio. No solo perdimos tiempo en avanzar en un debate que permita transparentar las decisiones tomadas, sino que además causan un nuevo perjuicio a las arcas públicas debiendo hacerse cargo de las costas de los abogados" comenzó sosteniendo Gastaldi.
"Por un lado el fallo de Cámara me pone contento porque nos da la razón sobre la necesidad de disponer de la información oficial de las negociaciones llevadas adelante, pero por otro lado, reafirma las dudas que veníamos manifestando en relación a lo inexplicable que resulta la extensión de la concesión a un privado por 7 años -desde el 2032 al 2039- , la modificación en los criterios sobre quien debe hacerse cargo de la inversión de la construcción de los nuevos muelles y la imprevisión en relación a los estudios técnicos, financiamiento y plazos de las construcciones previstas" señaló el rosarino.
Lo medular de la resolución de Cámara afirma:
"… en nuestro caso, la sustracción de materia planteada, por la satisfacción del interés del actor, se produciría al entregarle la información que había solicitado. Evidentemente, esa situación no se había producido al tiempo del dictado de la sentencia de grado, pues al actor nada se le entregó ni en el juicio ni fuera de él, sin perjuicio de no haberse acreditado que tampoco hubiera sido entregada a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a la cual pertenece el accionante.
Ahora bien, ese hecho terminó por ocurrir en esta instancia y como consecuencia de la medida para mejor proveer dispuesta por la Sala, donde el codemandado Enapro acompañó la documentación requerida por el actor en sobre, la que se ha puesto a su disposición, sin que haya formulado un cuestionamiento concreto en orden a la insuficiencia de la documentación acompañada".
"Se perdió tiempo sin sentido, se evitó transparentar el debate, mantenemos las mismas dudas sobre las decisiones tomadas, nos obligaron a judicializar un tema que debería haberse resuelto por los canales políticos institucionales existentes, el erario público volvió a perjudicarse, como puede observarse un hecho nada claro en la vida institucional de la Provincia", finalizó Gastaldi.