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Rosario: condenaron a una pareja por estafar a una mujer de 83 años y acordaron una reparación de $45 millones

La Justicia de Rosario condenó a dos personas a tres años de prisión de ejecución condicional por una serie de maniobras fraudulentas contra una mujer de 83 años. La sentencia se dictó mediante un procedimiento abreviado y contempló una reparación económica de 45 millones de pesos a favor de la víctima.

Un caso de estafa contra una adulta mayor tuvo una resolución judicial esta semana en Rosario. El juez penal Facundo Rodrigo Becerra condenó a Walter Oscar Ramírez, de 53 años, y a Marilina Verónica Díaz, de 48, por hechos que incluyeron estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta.¹

La sentencia fue dictada el martes 17 de noviembre de 2026, mediante un procedimiento abreviado celebrado en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La resolución tomó estado público el viernes 20 de noviembre.

Ambos fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional. Además, se homologó un acuerdo de reparación económica por 45 millones de pesos, suma que, según la información difundida, ya había sido depositada a favor de la víctima.¹

Cómo comenzó la maniobra investigada

De acuerdo con la investigación de la fiscal Cecilia Mónica Brindisi, la relación entre los acusados y la mujer comenzó durante 2023, después de un encuentro vinculado con un accidente de tránsito.

Según la acusación, la pareja estableció progresivamente una relación de confianza con la víctima y comenzó a intervenir en decisiones relacionadas con su patrimonio y su vida cotidiana.²

La investigación describió una serie de maniobras que habrían permitido a los acusados controlar aspectos de la administración de sus bienes, sus ingresos y sus cuentas bancarias.

Entre los hechos atribuidos se incluyeron operaciones patrimoniales perjudiciales para la mujer, utilización de recursos económicos y decisiones adoptadas aprovechando la confianza que había depositado en los involucrados.

La situación fue investigada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y derivó inicialmente en medidas cautelares contra los acusados.

Qué delitos se les atribuyeron

La causa comprendió diferentes conductas que fueron encuadradas penalmente como:

  • Estafa: obtención de un beneficio patrimonial mediante engaño y perjuicio económico para otra persona.
  • Suscripción engañosa de documentos: conducta vinculada con el aprovechamiento fraudulento de la firma de documentos.
  • Defraudación por administración fraudulenta: supuestos en los que una persona perjudica intereses patrimoniales cuya administración o cuidado le fue confiado.

Según las crónicas judiciales, los delitos fueron considerados en concurso real, en calidad de coautores.¹

Estos encuadres muestran que una maniobra de defraudación puede involucrar varias conductas jurídicamente diferenciadas, incluso cuando forman parte de una misma relación de confianza.

Qué resolvió la Justicia de Rosario

La fiscal Cecilia Mónica Brindisi presentó un acuerdo de procedimiento abreviado, que contó con la intervención de la defensa de los acusados.

El juez Facundo Rodrigo Becerra homologó el acuerdo y dictó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional para cada uno de los involucrados.¹

También se contempló una reparación económica por 45 millones de pesos.

La reparación patrimonial constituye un aspecto especialmente relevante del caso, ya que el proceso no se limitó a determinar una consecuencia penal para los responsables, sino que también incluyó un resarcimiento económico para la persona perjudicada.

Sin embargo, el pago de una reparación no debe confundirse con la inexistencia de responsabilidad penal: en este expediente se dictó una sentencia condenatoria.

¿Qué significa una condena de prisión condicional?

Una pena de prisión de ejecución condicional es una condena penal cuyo cumplimiento efectivo queda en suspenso en las condiciones previstas por la legislación.

El artículo 26 del Código Penal argentino contempla la posibilidad de que los tribunales dispongan la ejecución condicional en determinados supuestos de primera condena a prisión que no exceda de tres años, mediante una decisión fundada.³

Esto significa que una persona puede recibir una condena penal sin ingresar inmediatamente a un establecimiento penitenciario para cumplirla.

Sin embargo, no equivale a una absolución ni implica que el delito deje de existir.

El beneficio está sujeto a las condiciones legales correspondientes y puede tener consecuencias si se incumplen las obligaciones impuestas o se cometen nuevos delitos en los términos previstos por la ley.

¿Qué es un juicio abreviado en Santa Fe?

El procedimiento abreviado permite resolver determinados procesos penales mediante un acuerdo entre la acusación y la defensa, sometido al control judicial.

En la provincia de Santa Fe, este mecanismo se encuentra regulado por el Código Procesal Penal provincial, Ley 12.734 y sus modificatorias.⁴

El artículo 339 establece los requisitos para solicitar la apertura del procedimiento abreviado, incluyendo las condiciones del acuerdo y la intervención de las partes correspondientes.

El procedimiento no implica que el juez deba aceptar automáticamente todo lo convenido: corresponde realizar el control de legalidad y verificar que se cumplan los requisitos establecidos.

Su aplicación permite evitar la celebración de un juicio oral completo cuando se reúnen las condiciones legales, sin eliminar la necesidad de una decisión jurisdiccional.

La protección patrimonial de las personas mayores

El caso pone de relieve un problema que excede esta investigación particular: los riesgos que pueden enfrentar las personas mayores cuando terceros obtienen acceso a sus cuentas, documentación o bienes mediante relaciones de confianza.

Las maniobras de abuso patrimonial pueden involucrar situaciones muy diferentes, entre ellas el manejo irregular de tarjetas bancarias, la obtención engañosa de firmas, la administración de ingresos sin autorización válida o la disposición indebida de bienes.

No toda intervención de un familiar, cuidador o persona de confianza constituye una irregularidad. La existencia de un delito requiere analizar las conductas concretas y los elementos previstos por la legislación penal.

Sin embargo, cuando aparecen operaciones económicas inexplicables, decisiones patrimoniales que la persona no comprende o restricciones injustificadas en su contacto con familiares y allegados, resulta importante verificar lo ocurrido.

La documentación bancaria, los instrumentos firmados y las comunicaciones pueden convertirse en elementos relevantes para esclarecer una eventual defraudación.

Una sentencia que combina responsabilidad penal y reparación económica

La resolución judicial conocida en Rosario representa un ejemplo de cómo un procedimiento penal puede concluir con una condena y, al mismo tiempo, contemplar un acuerdo de reparación económica para la víctima.

La condena de tres años de prisión condicional no elimina la gravedad de los hechos reconocidos en el procedimiento.

El caso también permite comprender la importancia de los controles sobre la administración de bienes de personas mayores y la necesidad de recurrir a los mecanismos judiciales correspondientes cuando existen indicios de abuso patrimonial.

En definitiva, la investigación muestra que las relaciones de confianza no excluyen la responsabilidad penal cuando se utilizan para ejecutar maniobras fraudulentas.


Fuentes consultadas

¹ RTS Medios — 20 de noviembre de 2026.
Condenaron por estafa a los padres del presidente del Concejo de Villa Gobernador Gálvez.
https://rtsmedios.com.ar/condenaron-por-estafa-a-los-padres-del-presidente-del-concejo-de-villa-gobernador-galvez/

² La Capital — 25 de septiembre de 2026.
Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/detuvieron-una-pareja-estafa-una-anciana-que-vive-un-geriatrico-n10283158.html

³ Código Penal de la Nación — Ley 11.179.
Artículo 26. Régimen de condenación condicional. Texto actualizado disponible en el portal oficial de normativa nacional.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-11179-16546/actualizacion

⁴ Provincia de Santa Fe — Ley 12.734 y modificatorias.
Código Procesal Penal provincial. Regulación del procedimiento abreviado.
https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2024%2F2024-04-15ley14258-2024.html

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