El flamante ministro de Justicia y Seguridad, Horacio Rosatti concurrirá el martes a las 14:30 al Senado para ser interrogado por los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales acerca del conjunto de iniciativas que se estudia en ese ámbito legislativo.

Rosatti, que se reunirá posteriormente con los bloques del justicialismo y del radicalismo, concurrirá al Salón “Deolindo Bittel”, del anexo del Senado Nacional, donde se le solicitará su punto de vista acerca de algunos proyectos que generaron resistencia en los ámbitos legislativo y judicial, como el juicio por jurados, la reforma del Consejo de la Magistratura y la unificación de los fueros en la justicia porteña.

Los senadores quieren saber también lo que piensa el nuevo ministro acerca de otros proyectos que se encuentran en estudio en esa comisión, como el que aumenta las penas por asociación ilícita y por violación de domicilio y el que agiliza los procedimientos para los delitos en los que sus autores son sorprendidos “in fraganti”.

La visita de Rosatti transcurrirá en el día anterior a que en el Senado sea debatido un paquete de cuatro iniciativas que conforman el Plan Integral de Seguridad, que fue diseñado por el gobierno nacional para combatir la ola de inseguridad.

Los dictámenes -que serían aprobados en general con pocas modificaciones- impondrán penas para el vaciamiento de empresas, establecerían límites para la eximición de prisión, ampliarán a otros delitos el sistema de protección de testigos –hasta ahora está en vigencia para el narcotráfico pero no para los secuestros- y modificará el régimen de procedimientos.

Uno de los proyectos modificará el artículo 301 del Código Penal y establecerá una pena de uno a seis años de prisión para los gerentes, directores administrativos, síndicos y liquidadores que sean parte de este tipo de maniobras. Antes, la pena era de seis meses a dos años de prisión, por lo que las penas aumentarían significativamente. Para la eventual emisión ilegal de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a ocho años.

También se debatirá el nuevo régimen de protección de testigos y arrepentidos a partir de la modificación del Código Penal, que hasta ahora sólo se podía utilizar para los secuestros extorsivos, para el terrorismo y para el narcotráfico.

La norma establecerá la “creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a las personas en situación de peligro para su vida o integridad física que hubieren colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.

Otro de los despachos que será sometido a discusión introduce modificaciones al artículo 319 del Código Procesal Penal para restringir la eximición de prisión y la excarcelación durante el plazo en que dure el proceso judicial.

El cuarto proyecto que se discutirá modifica el sistema de procedimientos para que los fiscales puedan aplicar la cuestión de oportunidad y determinar si son una cuestión de orden público o privado.

Fuente:www.infobae.com.ar