Tal como lo adelantara el diputado provincial Marcelo Gastaldi en la presentación de su proyecto, el Ministro de Economía Ángel Sciara deberá concurrir a la Legislatura para explicar la transacción tributaria pactada entre la Administración Provincial de Impuestos (API) y la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR).
"Algunos pensaban que esta discusión la estaba dando en soledad, pero el apoyo de todo el cuerpo demuestra la necesidad de transparentar negociaciones que ni siquiera figuran en el expediente judicial", expresó Gastaldi.
El proyecto de resolución presentado por el diputado rosarino solicita explicaciones acerca de los sugestivos cambios en las decisiones tomadas, relativas al pago de tributos provinciales (Impuesto de Sellos) originados por la suscripción del contrato de concesión -y el anexo de readecuación del mismo- de la terminal multipropósito del Puerto de Rosario entre el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) y la firma "Terminal Puerto Rosario SA". Cabe recordar que hay una diferencia en perjuicio de la provincia de 7.774.181,39 de pesos entre lo solicitado en un primer momento y lo acordado extrajudicialmente.
"El Ministro debería responder, al menos, estas preguntas de manera de dar transparencia a la operación realizada por la dependencia bajo su responsabilidad", insistió el diputado rosarino al momento de adelantar parte del cuestionario previsto para la venida de Sciara a la Legislatura.
-¿Es cierto que la API solicitó el 18-12-08 a la Justicia trabar cautelar consistente en el embargo preventivo de cuentas bancarias a Terminal Puerto Rosario S.A. y Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero por la suma de $9.184.919,61 más intereses y costas futuras , con la firma de la apoderada del API y de abogados de Fiscalía de Estado?
-¿Es cierto que el 07-01-09 la API solicita al juzgado, con la firma de la apoderada de la API y del abogado de Fiscalía de Estado, habilitación de feria informando a la Jueza que la API ha aceptado sustituir parcialmente la cautelar ordenada hasta un monto de $ 1.410.738,22 por un seguro de caución y suspender provisoriamente la ejecución de la misma en la parte no sustituida?
-¿Es normal que la API solicite medidas cautelares consistentes en embargo preventivo de cuentas bancarias?
-¿Cuántos deudores registra anualmente la API y cuántas medidas cautelares de este tipo solicita a la Justicia?
-¿Es normal en el accionar de la API que una vez trabada una cautelar de este tipo se suspenda provisoriamente?
-¿Con qué compañía de seguros se contrató el seguro de caución por los $ 1.410.738,22? ¿Se analizó la solvencia de dicha compañía?
¿De qué forma se garantizaron los $ 7.774.181,39 al momento de suspender provisoriamente la cautelar, teniendo en cuenta la importancia de dicha suma?
-¿Cuándo cobró la API la suma de $ 1.140.738,22 por la cual se había constituido seguro de caución?
-¿Qué funcionario decidió la cautelar de traba de embargo de cuentas bancarias y qué funcionario decidió la suspensión parcial y la suspensión de la parte no sustituida?
-¿Qué razón motivó la decisión de solicitar a la justicia la sustitución parcial y la suspensión provisoria de la parte no sustituida?
-¿Informaron favorablemente las áreas técnicas asesoras de la API (Subdirección de Asesoramiento Fiscal y Dirección general Técnica y Jurídica) acerca de la sustitución parcial de la cautelar y de la suspensión provisoria de la cautelar respectivamente?
"Cómo se verá son demasiadas las preguntas que están sin respuesta, es por ello que necesariamente uno debe sospechar de la relación del Gobierno del Dr. Binner con la concesionaria del Puerto" finalizó Gastaldi.