La marcha partió desde el jardín, ubicado calle Balcarce hasta Pellegrini y luego por Oroño, y avanzó hasta la puerta del Colegio de Abogados, en un recorrido simbólico que representa la lucha de estas familias por mantener en funcionamiento un espacio educativo fundamental para sus hijos. Sin embargo, una vez más, Galdeano y su equipo directivo demostraron su cobardía extrema al negarse a recibir a los manifestantes. Los padres, indignados, lograron ingresar hasta la mesa de entradas del Colegio, a pesar de los esfuerzos de los empleados de seguridad en impedirlo, pero no fueron atendidos, encontrándose con un directorio ausente, que había abandonado el lugar cobardemente, evitando dar explicaciones a quienes merecen respuestas.
El cierre del jardín no solo deja en la incertidumbre a los trabajadores, cuyas condiciones laborales penden de un hilo, sino también a las familias que se preguntan dónde podrán ubicar a sus hijos ante la inminente clausura.
Esta actitud evidencia una alarmante falta de planificación y empatía, características de las maniobras políticas que, lamentablemente, Galdeano ha introducido en el Colegio de Abogados.
El accionar de Galdeano despierta profundas dudas sobre las verdaderas intenciones de su gestión y los intereses que representa. Su llegada al cargo, impulsada por un frente político provincial y no por un espacio profesional, parece responder a agendas políticas ajenas a los valores y principios que deberían guiar a la institución. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿por qué la política provincial muestra un inusitado interés en los fondos destinados al jardín infantil?
A pesar de que el estado contable general del Colegio indica un equilibrio financiero, las maniobras para hacerse con estos recursos generan sospechas sobre posibles motivaciones ocultas. El jardín no es solo un espacio de contención y apoyo para las familias de los colegiados, sino también un emblema de los esfuerzos colectivos por brindar servicios integrales a la comunidad. Entonces, ¿qué lleva a la dirigencia provincial a poner la mira en estos fondos?
La insistencia en redirigir recursos que deberían ser utilizados para el bienestar de los colegiados y sus familias, bajo el pretexto de una gestión política externa, deja entrever un interés que va más allá de lo que se declara públicamente. ¿Hay un plan más amplio para utilizar este dinero en otros fines ajenos a los propósitos originales? ¿Es el jardín solo el primer paso en una estrategia de apropiación de recursos que busca otros objetivos? Estas preguntas, aún sin respuesta, plantean serias inquietudes sobre el verdadero rumbo de la política colegial y el respeto por los intereses de la comunidad profesional.
La complicidad del silencio de los medios especializados, que han evitado cubrir con la seriedad que merece esta situación, solo acrecienta la indignación. Mientras tanto, el jardín parece estar siendo rifado al mejor postor, en una muestra más de la falta de transparencia y de compromiso con los valores que deberían guiar a una institución como el Colegio de Abogados.
Ante esta situación, se hace un llamado urgente al diálogo. Las familias afectadas, los trabajadores del jardín y los colegiados exigen una respuesta clara y justa que contemple sus necesidades y derechos. Es imperativo que Galdeano y el directorio reconsideren su postura y se sienten a discutir alternativas viables que eviten este daño irreparable al tejido social del Colegio.
Esta lucha no solo es por el jardín, sino por la dignidad y el respeto a una comunidad que no merece ser ignorada ni pisoteada. La convocatoria sigue abierta y la resistencia continúa, hasta que se haga justicia y el jardín vuelva a ser el lugar de contención y educación que siempre fue.
El cierre del jardín infantil no puede justificarse bajo el pretexto de una crisis económica, ya que otros sectores del Colegio incurren en gastos significativamente mayores sin prestar ningún tipo de servicio relevante para los matriculados. La falta de una intención genuina para tratar el asunto de manera seria y transparente demuestra que el problema no es financiero. Lo que también impulsa esta decisión es el resentimiento político de Galdeano, cuya ceguera ideológica le impide reconocer el caos institucional que ha desatado en apenas una semana, afectando no solo a las familias involucradas, sino también a la integridad del propio Colegio.
A pesar de las numerosas faltas de respeto y de la violencia institucional desplegada, la manifestación transcurrió en un clima de serenidad y determinación. Las directivas impartidas por Galdeano a los empleados de seguridad del Colegio, en las que se les ordenaba impedir el ingreso, no hicieron más que agravar la tensión. Esta decisión no solo buscaba coartar el legítimo derecho de protesta, sino que además expuso a los trabajadores a una situación de riesgo e incomodidad, situándolos como barrera involuntaria entre los padres y los colegas, y dejando en evidencia la desconexión de la gestión con el clima social reinante. Aun así, la marcha se desarrolló sin incidentes, un testimonio de la disciplina y el compromiso de quienes participaron en ella.
Resulta incomprensible que Galdeano dedique sus esfuerzos a desmantelar lo que se ha construido con tanto sacrificio, dedicación y el trabajo colectivo de innumerables colegas, en lugar de enfocar su gestión en proponer iniciativas que impulsen el crecimiento y el bienestar de la comunidad profesional. En un contexto donde el desafío debería ser innovar y construir un futuro mejor, su actitud destructiva no solo genera frustración, sino que también siembra divisiones y pone en riesgo logros alcanzados a lo largo de años de esfuerzo conjunto.