El juez Civil y Comercial Nº 1, Iván kvasina, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Civil referida, que se basó en la ley 10.000 de intereses difusos en función a las irregularidades detectadas en las publicaciones.

El pedido de la ONG se basa también en artículo 9º del decreto del gobernador Nº 2019/06, que regula el procedimiento para la designación de los jueces comunales. Por esta norma, los habitantes de la provincia en general, las ONG, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos con sede en la provincia tienen el derecho a presentar (en un plazo perentorio) ante la Subsecretaría de Justicia de la provincia las observaciones que consideren de interés respecto de las personas propuestas o ternadas para cubrir las vacantes.