Señora Silvia, le habla el doctor Martínez Cherini, abogado de la familia Cuello. Su hijo Roberto es buscado por homicidio. Sé que está en otra provincia, si usted me paga 60 mil pesos hago desaparecer el expediente y los antecedentes de su hijo.

La inesperada llamada paralizó a la mujer, pero logró reaccionar. Pactó con el supuesto abogado y anteayer (lunes) debía concurrir a una confitería de barrio Nueva Córdoba y entregar la suma acordada.

Lejos de transar con su interlocutor, la mujer se presentó en la División Homicidios de la Policía. Los investigadores se mostraron asombrados por su relato, ya que todo lo dicho por el extorsionador era cierto. Esos datos los manejaba sólo un reducido grupo de policías y la fiscalía que investiga el crimen del menor Kevin Cuello (16).

El 26 de diciembre de 2013, en avenida Valparaíso al 4200, desde un Fiat Duna un hombre ubicado en el asiento trasero disparó contra Kevin Cuello, que iba en motocicleta, con una pistola calibre 45 milímetros. Kevin cayó fulminado y los del Duna desaparecieron del lugar. Según los familiares de la víctima quisieron robarle la moto, pero los investigadores apuntaban a un “ajuste de cuentas”.

El 13 de enero, en un procedimiento en barrio Ejército Argentino, fueron detenidos un joven de 23 años y una mujer de 42. En la oportunidad se secuestró el Fiat Duna desde el que se efectuó el disparo mortal. En la noche trágica, los detenidos se ubicaban en los asientos delanteros del Duna. La mujer, identificada como Claudia López, portaba un revólver 38 pero no alcanzó a disparar. “A la López la reconocieron los amigos de Kevin”, confió un policía de Homicidios. Para los investigadores, el autor del crimen fue el ahora prófugo Roberto Gallardo, por estas horas buscado en La Rioja y Santiago del Estero.

Sorpresa y media
Cuando la madre del prófugo se presentó en Homicidios para denunciar la extorsión, se convocó a personal de Delitos Económicos y con la anuencia del fiscal Rubén Caro se realizó lo que definen como “prueba experimental”. En realidad se trató de una trampa para capturar al extorsionador. La víctima concurrió a la cita en la confitería de avenida Estrada y Buenos Aires. A los pocos minutos se acercó a la mesa un sujeto de unos 45 años, de 1,80 metros de altura, vestido de negro. “Soy Martínez Cherini, ya borré todos los antecedentes”.

Siguiendo al pie de la letra las instrucciones de policías ubicados en lugares estratégicos, algunos fingiendo ser clientes del local, la mujer sacó de su cartera un paquete con el dinero. Había mucho menos de 60 mil pesos y los billetes habían sido previamente fotocopiados.

El extorsionador no alcanzó a tomar el paquete entre sus manos y ya estaba esposado. “¿Quién sos?”, preguntó uno de los investigadores, a la vez que recibía el documento de identidad del detenido. “Me llamo Julio César Ahumada”, alcanzó a decir el hombre vestido de negro. En el DNI aparecía su foto. Según el documento había nacido el 13 de junio de 1969.

Cuando le preguntaron dónde vivía, Ahumada dio una dirección de barrio General Savio. “Vayan a constatar”, dijoun oficial.

–¿Acá vive Julio César Ahumada?
–Sí, soy yo.
–Pero ¿cómo puede ser si usted está detenido?
–Lo que pasa es que hace más de un año que un tipo se está haciendo pasar por mí.

Las huellas dactilares del extorsionador demostraron que su verdadero nombre era Sergio Daniel Juárez, nacido el 19 de marzo de 1969, prófugo de un homicidio después de haber sido condenado a prisión perpetua.

Los antecedentes de Juárez arrojan que en 1995 fue sentenciado a perpetuidad por la ejecución a balazos por la espalda del oficial inspector Tito Bustos, del entonces Comando Radioeléctrico, cuando perseguía a los autores de un robo calificado. De acuerdo a lo dispuesto por la Justicia, Juárez recién podía salir en libertad condicional el 5 de noviembre de 2015. Sin embargo, en 2012 se le dio un régimen de salidas transitorias cuando cumplía condena en la cárcel abierta de Monte Cristo. La primera salida fue suficiente para que no volviera más. Mientras se espera que alguien dé explicaciones de lo sucedido a nivel penitenciario y del control del juez de ejecución penal a cargo del condenado, al cabo de casi dos años de permanecer prófugo, la Policía lo volvió a meter entre rejas.