El Juez Penal de 1era. Instancia, Dr. Javier Beltramone absolvió a Juan José Romano quien fue asistido por las Defensoras Públicas de la 2da. Circunscripción pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa, las Dras. Paula Alvarez y Marianella Di Ponte con la asistencia de las Dras. Anabella Antegiovani y Flavia Renzi.

El magistrado dictó tal resolución en base al principio de la duda con relación al delito de portación de arma de guerra que le fuera imputado a Romano por parte de la Fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dra. María Angeles Lagar. Asimismo, ordenó remitir copias de la actuaciones al órgano de investigaciones para que analice la posible comisión de faltas cometida por parte de los agentes policiales que intervinieron en la detención del ahora absuelto, como así también del personal de la Comisaría Sub 21, quien realizó el respectivo sumario preventivo.

Durante el juicio, la Defensora Paula Alvarez cuestionó la responsabilidad policial por la falta del acta de secuestro del arma. A su vez, las Defensoras señalaron que el Ministerio Público de la Defensa no fue advertido ni consultado al momento del control pericial del objeto secuestrado. Cabe agregar que la cadena de custodia del arma jamás fue resguardada adecuadamente, atentando contra la preservación de evidencia pudiendo haber manipulación del mencionado elemento.

La funcionaria aseguró que los efectivos policiales no justificaron la ausencia de testigos del procedimiento ni fotos de la incautación del objeto. No obstante, la Defensa presentó una persona que atestiguó los hechos de modo claro y contundente, contrario a los acontecimientos que reflejaban las actuaciones policiales.

Por su parte, Romano expresó que durante su encierro en la Comisaría 17° recibió golpes en los pies de parte de personal policial perteneciente a la seccional. Dijo a su vez que no denunció los apremios ilegales percibidos por miedo a represalias, debido a que los agentes que trabajan en el destacamento del barrio lo conocían previamente.

La Defensora Pública Paula Alvarez indicó que la resolución es “muy importante” para la institución porque “el procedimiento policial y la investigación tenían irregularidades y una serie de falencias que no permitió generar certezas en si el arma perteneció o no a Romano”.

En ese aspecto, dijo que era imposible que no haya testigos debido a que el lugar en que ocurrió el hecho -intersección de calles Mariano de Estrada y Colombres- se produjo en una zona urbana de FONAVI.

Sobre el procedimiento policial, Alvarez expresó que “de acuerdo a la experiencia, estos carecen de elementos corroborantes más que la palabra de los policías”. Además apuntó a que se ven una “serie de falencias en el accionar policial que hacen que luego no se pueda determinar a ciencia cierta si se trata de la misma arma”.

Por su parte, la Dra. Di Ponte aseguró que “este fallo es muy importante para la Defensa Pública porque al haber tantas irregularidades quedó una situación de incertidumbre, que implica que pese a no ser un delito con una pena mayor valió la pena ir a juicio oral. Asimismo interpuso que “nosotros como Defensores no podíamos convalidar tantas irregularidades en un acuerdo abreviado en un semejante contexto”.

Por último, Alvarez coincidió con su colega y dijo que “la generalidad de los casos indica que cuando existen estas irregularidades, las mismas se subsanan y terminan en condena”.