El comisario Cristian Romero, jefe de la División Judicial de la policía rosarina, deberá brindar mañana una declaración informativa en el juzgado de Instrucción Nº2, a cargo de Alejandra Rodenas, a fin de explicar por qué tres agentes de esa dependencia ingresaron el 4 de enero pasado a un country de Pilar para inspeccionar la casa del empresario asesinado Luis Medina sin conocimiento judicial. En principio, estaba previsto que el oficial declare el jueves pero ayer se presentó en los Tribunales y acordó la nueva fecha.

Los tres efectivos cuestionados ya declararon el 9 de enero y dijeron que no fueron a ese barrio cerrado con la intención de entrar a la vivienda sino que pretendieron realizar una verificación de la información con la que contaban en una causa penal para la cual habían sido invitados a prestar colaboración. Además, negaron haber dicho en el country que llegaban bajo instrucción de Rodenas, manifestaron que cumplieron una orden de actuación impartida por Romero, que jamás ocultaron sus intenciones y que nunca se apartaron de la legalidad.

Luego de escuchar a los policías, la jueza citó a Romero para el 10 de enero, pero el oficial adujo que "estaba de vacaciones". La magistrada señaló en su momento que había "exhibido documentos de una licencia concedida con anticipación, que comenzaba el 8 de enero y finalizaba el 5 de febrero". El interés de la jueza en recibirlo radica en su condición de jefe de los tres policías que intervinieron en el country de Pilar. Y en que el fiscal de esa ciudad bonaerense, Gonzalo Acosta, afirmó en sus actuaciones que Romero ratificó el mismo sábado 4 de enero que sus subordinados habían ido a cumplir una misión y que el jefe de policía de la provincia, Omar Odriozola, estaba al tanto de ello.

Una pesquisa previa. Los policías Néstor Chazarreta, José Luis Ramonda y Miguel Giordano declararon —según indicó Eduardo Campisciano, el abogado que los representa— que estaban realizando una investigación sobre Medina desde antes del asesinato, de la cual tenía conocimiento el juzgado de Instrucción Nº5, a cargo de la jueza María Luisa Pérez Vara.

La pesquisa, según el letrado, había comenzado en el marco del seguimiento a la banda de Los Monos que tiene a su cargo la División Judicial y en la cual el nombre de Medina surgió por sus conexiones con la familia Cantero. "Ellos afirmaron que nunca fueron al country con una orden específica, ni verbal ni escrita, de la jueza Rodenas. Ellos estaban investigando dónde quedaba la casa para chequear información y eventualmente, si se cruzaba un dato, solicitar algún allanamiento o medida concreta. No fueron para entrar a la propiedad", explicó Campisciano.

Según el profesional, los policías admitieron haber hablado con la guardia privada del country pero aseguraron no haber aludido a una instrucción e la jueza Rodenas. "Pudo existir un malentendido. Cuando en la garita les preguntaron quién estaba a cargo del homicidio ellos respondieron que era la doctora Rodenas, pero no dijeron haber ido con un mandato de ella", señaló el letrado, que asistió a los uniformados durante las declaraciones informativas que prestaron en presencia del fiscal Esteban Franichevich.

Identificados. "Ellos en todo momento se identificaron como policías. Si hubieran querido hacer algo malo no se habrían identificado. Está registrada en el libro de guardia de la División Judicial su salida hacia Buenos Aires al tiempo que precisó que antes de llegar al country de Pilar los efectivos realizaron una escala en San Nicolás y otra en Capital Federal en el marco de las tareas de inteligencia sobre las actividades de Medina", dijo el abogado.

Los policías aseguraron además que, si bien estuvieron demorados, no se inició causa penal en su contra y nunca fueron indagados por el incidente en el country. En este sentido, el abogado sostuvo que a sus clientes "sólo los notificaron de un acta de procedimiento" y explicó que "no es ningún delito ir a ver una casa y sacarle una foto. Esa es una práctica normal de la policía en sus investigaciones preliminares. Son tareas de inteligencia habituales que se realizan en base a datos".

En este contexto fuentes tribunalicias señalaron que es cierto que los policías no fueron indagados porque el Código Procesal bonaerense impide al fiscal tomar declaración imputativa. Sin embargo, el funcionario judicial de Pilar sí les atribuyó abuso de autoridad y la jueza Rodenas tiene copia de las actuaciones iniciadas en aquella jurisdicción.