La legisladora presentó el pedido de informes con relación al vínculo laboral con la Administración Provincial del represor Jorge Cabrera. Entre sus interrogantes pueden leerse:

1) La fecha de ingreso a la Administración Pública Provincial del represor Jorge Cabrera, también identificable como Andrés Cabrera, acusado judicialmente por su participación en la privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio de personas ocurridos en el centro clandestino Quinta de Funes.

2) El listado de funciones asignadas, las fechas de ingreso, cese y responsables de las reparticiones administrativas en donde el represor Cabrera hubiere prestado servicios durante la vigencia de su relación laboral con el Estado Provincial, especificando particularmente las tareas desarrolladas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.

3) Si el antes citado, continua en la actualidad percibiendo haberes y/o remuneraciones de cualquier naturaleza y/o cumpliendo funciones en la Administración Pública Provincial, y en caso negativo, detalle la fecha y las causales de la extinción del vínculo laboral.

4) Si tiene conocimiento que el Juzgado Federal Nº4 de Rosario, a cargo del Dr. Sutter Schneider, haya librado orden de captura contra el mencionado represor.

FUNDAMENTOS

La Agrupación H.I.J.O.S. interpuso una presentación judicial ante el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo del Juez Federal Sutter Schneider, solicitando la indagatoria y detención del represor Jorge Cabrera (alias el "Barba") por su participación en los hechos investigados en relación al centro clandestino Quinta de Funes.

A partir de las declaraciones del represor Eduardo Rodolfo "Tucu" Constanzo, detenido con prisión domiciliaria, y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de inteligencia mexicana, es posible determinar la participación del represor Jorge Cabrera en el "Operativo México" en enero de 1978, el cuál tenía por objeto secuestrar y asesinar a exiliados Montoneros en la Ciudad de México, siendo posible la presentación judicial requiriendo la inmediata detención del represor Jorge Cabrera.

Los documentos de inteligencia mexicanos constituirían prueba determinante para acreditar la responsabilidad penal de Jorge Cabrera, quien habría ingresado a México bajo la identidad de "Carlos Alberto Carabetta".

Es necesario recordar que el proyecto criminal de "Operación México" fue impulsado por Leopoldo Galtieri, entonces jefe del II Cuerpo de Ejército y autor intelectual del centro clandestino de detención que funcionó en "Quinta de Funes". Luego de que los militares argentinos fueran expulsados de México, acusados de espionaje ilegal, inmediatamente el centro clandestino de detención de la "Quinta de Funes" fue desmantelado y sus presos trasladados a otro centro.

El represor Jorge Cabrera, actualmente investigado tanto por lo hechos relatados como por su participación en el centro clandestino de detención la "Quinta de Funes", habría ocupado cargos en la Administración Pública provincial tras el advenimiento de la democracia en el año 1983.

Es de destacar, que parte de sus funciones para el Estado provincial las habría desempeñado en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, y posiblemente en el Ministerio de Gobierno.

La gravedad de la situación radica en que, a la impunidad de la que gozó el represor Cabrera hasta el presente, por la comisión de crímenes aberrantes durante la vigencia del terrorismo de estado, se suma el paradójico y triste amparo recibido del Estado provincial a partir de la restauración de las garantías constitucionales.

Que haya desempeñado funciones justamente en el organismo encargado de velar por la protección de los derechos ciudadanos frente a abusos estatales, es muestra de cómo las instituciones bajo la dirección del poder político cómplice, en contados casos sirvieron de refugio de aquellos que fueron responsables directos del plan genocida instaurado por el último gobierno de facto.

El régimen democrático sólo logrará consolidarse cuando la memoria histórica encuentre su correlato necesario en el actuar de una justicia libre de impunidades y coacciones. Por lo tanto, ante la siniestra realidad de un represor ocupando funciones en organismos encargados de velar por los derechos ciudadanos, urge la necesidad de reconstruir fehacientemente los acontecimientos a efecto de deslindar las responsabilidades correspondientes.

Esta es una síntesis de los fundamentos, a quien lo requiriere, se le adjuntará el archivo con los argumentos completos del proyecto.