El Estado provincial deberá indemnizar a un ex policía de 52 años que fue declarado absuelto tras pasar tres años detenido por el resonante robo a la sucursal Arroyito del Banco de Santa Fe. El fallo reprocha la lentitud del proceso judicial, que implicó un uso abusivo de la prisión preventiva sin el respaldo de evidencia razonable contra este hombre, que carecía de antecedentes penales. Por ese motivo del tesoro santafesino deberán salir unos 170 mil pesos para resarcirlo por daño material y moral.

El fallo supone un contundente reparo a la acción de la Justicia por falta de servicio. Esto debido a que la detención de Silva se prolongó sin razón dado que no había evidencia suficiente para mantenerlo preso.

El tribunal sostiene que purgó una pena por un delito que no se sabe si cometió, que lo desoyeron cuando pidió que acortaran su encierro y que debe ser compensado porque la Justicia no pudo resolver el caso ocasionándole un daño. El bien afectado fue su libertad y el precio al sufrimiento "es intraducible en dinero".

Ramón Domingo Silva, policía jubilado, fue acusado de integrar la banda que el 6 de octubre de 1995 robó 515 mil pesos de la sucursal del BSF ubicado en Alberdi y Génova, tras llegar navegando por el entubamiento del arroyo Ludueña.

La imputación. Tenía entonces 39 años y era jefe de una familia numerosa. Uno de los detenidos lo implicó en el atraco y por ello pasó 36 meses preso. Llegó a estar procesado pero en agosto de 2003 fue absuelto de culpa y cargo por falta de pruebas. La investigación policial del caso fue muy cuestionada: ninguno de los nueve detenidos llegó a ser condenado. El caso está impune hasta hoy.

"Los fundamentos del fallo son interesantes porque modifican la jurisprudencia anterior", dijo ayer Marcelo Agustoni, el abogado que demandó a la provincia por el daño a su cliente. "Se admite que existió falta de servicio, que se prolongó en forma no razonable la prisión preventiva, dado que eran insuficientes los medios para mantenerlo detenido para investigarlo". El abogado destacó la arbitrariedad que derivó en el encierro de su cliente por tres años. "Era un hombre sin antecedentes delictivos. Lo único que tenían era la declaración de otro coimputado que tenía una acreditada relación enemistad con él", dijo Agustoni.

En efecto: la detención de Silva estuvo solamente sustentada en la declaración de Hilario Pared, acusado de ser jefe de la banda, quien también fue desvinculado.

El otro elemento. Había también otro matiz para culparlo que se reveló sin fundamento: "el informe de inteligencia del comisario (Francisco) Gambacurta". Según el fallo judicial ni los dichos de Pared ni el informe de Gambacurta pudieron ser verificados ni en la instrucción ni en el juicio.

El tribunal extracontractual Nº 2 estableció que Silva estuvo preso por falta de servicio adecuado de la Justicia:

u Fue arbitrario que lo tuvieran preso por una imputación genérica y que le hubieran rechazado la excarcelación sin existir pruebas firmes en su contra.

u No se investigaron argumentos defensivos que dio Silva para explicar por qué cuando lo detuvieron había dinero en su casa (cobro de una indemnización) ni la razón de que se lo hubiera visto en cercanías del banco (cobraba su pensión allí).

u Se lo procesó con pruebas indirectas. Se le prorrogó la prisión preventiva, que debe ser excepcional, sin fundamentos nuevos en su contra. Esa prórroga no se basó en ninguna circunstancia explícita que justificara la prolongación de la detención. Y además lo dejaron preso venciendo los plazos máximos sin resolver.

La condena. Los jueces del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 1, María Rodríguez, Fernando Longhi, Silvia Cicutto y Juan Carlos Miranda condenaron a la provincia a pagar a Silva la suma de 78 mil pesos que, con los intereses actualizados a la fecha, implica según su abogado una suma cercana a los 178 mil pesos. También debe pagar los honorarios de los letrados y el costo del largo trámite judicial.

Tras su jubilación anticipada, Silva era albañil y fletero. Los jueces valoraron que "es muy difícil lograr contratos de albañilería o fletería para una persona sospechada de ladrón". De allí otra dimensión del daño sufrido. El mayor fue el tiempo que pasó entre rejas sin evidencia firme.

"Vivo mal por lo que me pasó"

El 6 de octubre de 1995 a las 4 de la mañana tres hombres jóvenes navegaron 250 metros por el tubo del Ludueña sobre cámaras de neumáticos. Hicieron un boquete en la pared de un sótano del Banco de Santa Fe y entraron. Redujeron al sereno y a los empleados y esperaron la llegada del camión blindado. Cuando el vehículo llegó, las sacas con 515 mil pesos pasaron a manos de los ladrones.

Ramón Silva fue uno de los nueve procesados de un caso que terminó con ningún condenado.

"Física y mentalmente vivo mal después de lo que pasó. A veces tengo vergüenza o miedo de lo que piense la gente. Que digan: «cómo le voy a dar trabajo a este que estuvo preso»", le dijo a La Capital hace dos años, en su humilde casa de barrio Empalme Graneros.

Cuando Silva fue detenido la policía secuestró de su casa 7 mil pesos. El siempre adujo que era dinero de su jubilación anticipada. Nadie le probó que no fuera verdad. "De la plata que se llevaron me devolvieron la mitad. Porque cuando se llevaron esos 7 mil pesos el cambio al dólar estaba uno a uno. Y después de ocho años me devolvieron 7 mil pesos sin intereses", se lamentaba.

En ese momento Silva, que tiene una familia numerosa, trabajaba en changas. "Me las rebusco pintando", contaba.